La magistrada María Tardón sostiene que existen indicios de una actuación organizada que habría afectado gravemente a la integridad territorial de España y señala una posible colaboración desde territorio marroquí.
En su auto, la juez destaca que informes policiales detectaron con antelación un riesgo extremo de entrada masiva y que la movilización, impulsada en parte a través de redes sociales, terminó desbordando la capacidad de control fronterizo. Además, considera que la actuación observada de las fuerzas de seguridad marroquíes refleja una actitud permisiva e incluso de apoyo al cruce irregular.
La resolución describe la operación como un proceso planificado, con distintos niveles de organización, desde promotores digitales y coordinadores sobre el terreno hasta posibles responsables estratégicos. Por ello, investiga posibles delitos contra la independencia y la seguridad del Estado, así como la existencia de una organización criminal.
La magistrada también relaciona los hechos con tácticas de «guerra híbrida», en las que los flujos migratorios pueden utilizarse para desestabilizar a un Estado. Asimismo, ordena investigar las circunstancias que provocaron la muerte de 83 personas durante la travesía y las medidas de respuesta adoptadas por las autoridades españolas.
Parte de las actuaciones permanecerán bajo secreto para proteger intereses generales del Estado mientras avanza la investigación.
