Gómez está procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que Álvarez está acusada de colaborar en el supuesto desvío de recursos de la Universidad Complutense para fines privados. La acusación popular solicita 13 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asesora.
El magistrado ha rechazado nuevas diligencias solicitadas por la defensa y ha acelerado el procedimiento ante su próxima jubilación, prevista para finales de septiembre. Además, deja constancia de que ambas investigadas han presentado escritos solicitando su absolución.
La Universidad Complutense reclama una indemnización de 113.509 euros por los gastos asociados al desarrollo de la plataforma tecnológica objeto de la causa.
El procedimiento continúa hacia la fase de juicio después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara el procesamiento de Gómez y de su asesora.
