En el escrito presentado por su nuevo abogado, Antonio Camapner, se sostiene que Gómez, como otras esposas de presidentes en democracia, desempeña gratuitamente tareas de representación y apoyo institucional, tanto en España como en el extranjero. Estas funciones, argumenta la defensa, implican restricciones de residencia, seguridad y agenda que condicionan su vida privada y profesional.
El documento justifica también el papel de Cristina Álvarez, igualmente procesada en la causa. Según la defensa, es habitual que la pareja del presidente cuente con personal de confianza para coordinar actividades institucionales, familiares y profesionales. En este sentido, sostiene que Álvarez fue contratada como asistente para prestar apoyo logístico, organizativo y administrativo a Gómez.
El escrito subraya que sus funciones incluían la gestión de agendas, comunicaciones, desplazamientos, reuniones y la coordinación con los equipos de protocolo y seguridad, tanto en actividades públicas como privadas. Además, rechaza que Álvarez descuidara sus responsabilidades por colaborar en cuestiones relacionadas con la cátedra vinculada a Gómez, destacando que incluso superó las horas de trabajo previstas en varios ejercicios.
La defensa sostiene que este modelo de apoyo responde a una práctica consolidada durante décadas y que la falta de una normativa específica sobre el papel de las parejas de los presidentes dificulta atribuir irregularidades a actuaciones que considera habituales dentro de ese marco.
