La investigación busca esclarecer si el Ejecutivo disponía de alertas previas sobre el riesgo de una llegada masiva y si omitió medidas preventivas para evitarla.
La Sala Tercera ha requerido a Presidencia del Gobierno que entregue en cinco días toda la documentación relacionada con los hechos, incluidos informes de inteligencia, comunicaciones y alertas policiales. Además, ha abierto una pieza separada para decidir de forma urgente si estos documentos deben ser protegidos para evitar su posible destrucción.
Los demandantes sostienen que el Ejecutivo ignoró advertencias de los servicios de inteligencia, no reforzó la frontera y ocultó información relevante a la ciudadanía, permitiendo la entrada de más de 70.000 personas y el colapso de los servicios públicos de la ciudad autónoma.
Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene abierta la vía penal para investigar la crisis migratoria. La juez María Tardón, con el respaldo de la Fiscalía, analiza posibles delitos relacionados con inmigración ilegal, homicidio y lesiones imprudentes, apoyándose en los informes policiales elaborados sobre lo sucedido.
