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  Legal  TS: el juez solicita de Aldama los «pagos a señoritas»
Legal

TS: el juez solicita de Aldama los «pagos a señoritas»

El juez instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Puente, ha requerido al empresario Víctor de Aldama que detalle en un plazo de 10 días la relación de pisos que facilitó para encuentros en los que, según declaró, participaban el ex ministro Ábalos y el actual ministro Torres.

RedaccionRedaccion—4 de febrero de 20250
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Así mismo, pide que «indique también si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó».
La petición llega después de que Aldama confesara ante el Supremo que «pagó el alquiler de hasta tres pisos de Airbnb en Madrid» a los que, según su testimonio, acudían tanto Ábalos como Torres «en compañía de señoritas». En el auto, el magistrado solicita específicamente información sobre «las fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos»,

Durante su declaración, el empresario no sólo habló de estos encuentros, sino que también aportó al tribunal copias de conversaciones de WhatsApp que, según él, confirmarían el presunto pago de comisiones por obras a Ábalos, junto con un documento manuscrito con anotaciones sobre las mismas. Aldama llegó a mencionar la cifra de 4 millones de euros en presuntas mordidas en obras del Ministerio de Transportes, explicando que el dinero se habría repartido entre él mismo, el ex ministro Ábalos, Koldo García, y el PSOE. Para documentar esos presuntos amaños aportó un documento manuscrito que aseguraba que era del asesor ministerial. Ahora el juez pide una prueba caligráfica de Koldo García para chequear ese extremo.

El empresario también ratificó ante el Supremo lo declarado previamente en la Audiencia Nacional sobre un supuesto pago de 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como presuntas mordidas de 250.000 euros a Ábalos y pagos de 400.000 euros en total para Koldo García.
En este contexto, el auto dictado por el instructor incluye otras diligencias relevantes. Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore un informe sobre la situación económico-patrimonial tanto de Ábalos como de su hijo Víctor Ábalos, incluyendo cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y participaciones en empresas.

Especial relevancia cobra la solicitud a la UCO para que analice las comunicaciones telefónicas y los dispositivos intervenidos durante la investigación, con particular atención a los mensajes que Aldama pudiera haber intercambiado con Ábalos, su hijo Víctor, Ángel Víctor Torres o sus subordinados, así como con Santos Cerdán, «o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo».
El magistrado ha citado para el próximo 18 de febrero a José Luis Ábalos para tomarle declaración como investigado, tras haber obtenido el suplicatorio del Congreso de los Diputados el pasado 22 de enero. Tras su declaración, el juez valorará la adopción de medidas cautelares.

Para ese mismo día también está citado de nuevo Koldo García a quien se le requerirá un cuerpo de escritura para realizar una prueba pericial caligráfica. Como se ha expuesto, esta prueba busca determinar si su letra coincide con la que aparece en documentos aportados por Aldama, incluyendo una relación de obras presupuestadas y una nota manuscrita mostrada durante su declaración.
La causa especial, que comenzó tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción, investiga presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación con los contratos de emergencia relacionados con la pandemia COVID-19.

El auto incluye la citación como testigos de 17 personas que deberán comparecer entre el 25 de febrero y el 5 de marzo, entre ellos Víctor Ábalos y Jessica Rodríguez García, pareja del ex ministro. También ha ordenado el instructor la designación de un perito inmobiliario para determinar el valor de mercado de una vivienda situada en el Paseo de la Castellana de Madrid específicamente a fecha 24 de abril de 2019.

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