Según fuentes jurídicas, Ribón -que ha declarado como testigo- ha recordado que el mismo 14 de marzo -después de que una nota de la Fiscalía airease las conversaciones con la defensa de González Amador para desmentir el bulo de que el acuerdo de conformidad había partido del Ministerio Público y que el fiscal general lo había frenado por tratarse de la pareja de la presidenta madrileña- se puso en contacto con la fiscal jefe provincial de Madrid, Rodríguez, quien le convocó a una reunión con García Ortiz al día siguiente, a la que asistió también (por videoconferencia) la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.
En ese encuentro -en el que también estaba Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, junto a la propia Rodríguez (ambos imputados en este procedimiento) y otras dos personas más-, según el testimonio del testigo el fiscal general les pidió que hicieran público un comunicado conjunto con la Fiscalía descartando que la publicación de la nota -en la que el instructor no aprecia ahora conducta delictiva porque los datos ya se habían divulgado previamente en los medios- «hubiese socavado ningún principio fundamental del derecho», a lo que ambos se negaron.
El decano del ICAM ha contado que en esa reunión García Ortiz defendió «de forma categórica» que la nota de la Fiscalía de Madrid era necesaria para «desmentir un bulo» y reprochó a Ribón el comunicado del Colegio de la Abogacía de Madrid en el que denunciaba la vulneración del derecho de defensa y del deber de confidencialidad de las conversaciones entre la Fiscalía y un abogado en el marco de las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad (que implica una rebaja en la petición de pena a cambio de admitir la conducta ilícita imputada, en este caso un fraude tributario).
Según esas mismas fuentes, en la comparecencia de Ribón se han producido varios rifirrafes con las defensas después de que la Abogacía del Estado haya anunciado que aportará documentos al instructor para demostrar que lo ocurrido en el caso de González Amador no ha afectado a los pactos de conformidad alcanzados por la Fiscalía en el último año, algo que ha negado el decano del ICAM, que ha defendido la incidencia de esa quiebra de confianza en esos acuerdos a posteriori. De hecho, señalan, el magistrado Hurtado ha tenido que intervenir, «con una cierta vehemencia», hastiado ante la actitud de las defensas. «Ya está bien, esto no es ni medio normal», ha llegado a exclamar según fuentes presentes en el interrogatorio.
Al comienzo de su comparecencia, Ribón se ha explayado acerca del deber de confidencialidad que preside las negociaciones para intentar cerrar un pacto de conformidad, hasta el punto de que el instructor ha intervenido para precisar que su exposición tenía más carácter de pericial que de testifical.
Hurtado citó a declarar a Ribón al considerar pertinente su testimonio dado que a raíz de los hechos investigados entiende que «pueden verse afectados principios como el de confidencialidad y/o el de reserva», así como «derivarse perjuicios corporativos para el colectivo que representa». El ICAM, que ejerce la acusación popular, denunció los hechos mediante la presentación de una querella ante el TSJ de Madrid, tras la cual resultaron imputados Pilar Rodríguez y el fiscal del caso, Julián Salto (posteriormente apartado del procedimiento).
Antes de la declaración como testigo, Ribón ha reiterado a las puertas del alto tribunal que «el secreto es un derecho que no pertenece al abogado, pertenece al ciudadano, y su vulneración es un ataque al Estado de Derecho y a la tutela judicial efectiva». El decano del ICAM ha explicado que «aquí el Colegio lo que está defendiendo es uno de los pilares esenciales del derecho de la defensa, que es el secreto profesional». El Estatuto General de la Abogacía -ha recordado- obliga a los letrados a la custodia del secreto profesional, al tiempo que la reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa establece que las conversaciones entre los defensores de las partes «son absolutamente confidenciales, incluso en fase extrajudicial». «Sin abogados libres e independientes, sin secreto profesional, la justicia deja de ser justicia», ha defendido.
