A este eventual nombramiento habría que añadir el de los presidentes de las Salas de lo Civil y lo Social del Tribunal Supremo (TS) al también conservador Ignacio Sancho y a la progresista Concepción Ureste.
Se mantiene aún la falta de acuerdo para las salas clave de lo Penal y Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que aún dividen al CGPJ, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
En estos días, las negociaciones entre los dos bloques se han sucedido de forma frenética para desbloquear estos cuatro nombramientos pero el obstáculo continúa siendo el mismo: los vocales de izquierdas defienden las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso para las salas Segunda y Tercera, respectivamente; mientras que sus colegas conservadores abogan por dejar de titulares a quienes ya las presiden de forma interina, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas.
La importancia de esas dos salas reside en que la de lo Penal es la llamada a investigar y en su caso juzgar a los aforados, lo que incluye miembros del Gobierno, senadores y diputados, entre otros altos cargos, como el fiscal general del Estado; mientras que la Sala de lo Contencioso-Administrativo es la encargada de controlar la legalidad de las decisiones del Ejecutivo a través de los recursos que se planteen.
Llegados a este punto, en vísperas del cónclave se puso sobre la mesa la posibilidad de dejar esos dos nombramientos para más adelante para poder acordar las presidencias de las salas Primera y Cuarta del TS y los otros 35 nombramientos que quedaron pendientes el pasado 12 de febrero –23 de la jurisdicción ordinaria y 12 de lo militar–.
Esta oferta contempla nombrar al único candidato que hay para la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, y apostar por la aspirante progresista en la Sala de lo Social, Concepción Ureste, frente al magistrado conservador Juan Molins.
En la Audiencia Nacional, implica situar al ex vocal conservador del CGPJ Juan Manuel Fernández en la Presidencia del tribunal, descartando a aspirantes como María Tardón, Enrique López y Eloy Velasco; así como designar al veterano magistrado Alfonso Guevara como presidente de la Sala de lo Penal y a la magistrada izquierdista Manuela Francisca Fernández de Prado como presidenta de la Sala de Apelaciones.
El acuerdo alcanzado abarca además, entre esos otros 23 nombramientos en la cúpula judicial, las presidencias de las salas de lo Social y Contencioso-Administrativo de la AN y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana, y de varias audiencias provinciales.
