La resolución concluye que no existe responsabilidad contable ni perjuicio económico para los fondos públicos derivado de este sistema y, por tanto, rechaza que se haya producido daño patrimonial alguno para la Administración regional.
En concreto, el Tribunal de Cuentas descarta que la denuncia acredite la existencia de cantidades exigibles que la Comunidad de Madrid hubiera dejado de reclamar a las empresas responsables de la gestión indirecta de hospitales públicos.
Asimismo, considera que no se ha demostrado la existencia de un daño patrimonial concreto, efectivo e individualizado para las arcas públicas ni de derechos de cobro pendientes que la Administración autonómica hubiera dejado de exigir.
De este modo, el órgano fiscalizador respalda la posición mantenida por la Comunidad de Madrid durante todo el procedimiento, que siempre ha defendido haber actuado conforme a la legislación vigente y no haber dejado de percibir ninguna cantidad que correspondiera reclamar a las empresas concesionarias.
La denuncia, impulsada por Espinar, sostenía que el Ejecutivo autonómico había llevado a cabo una supuesta condonación de deuda a los grupos Quirón y Ribera Salud, pero la resolución del Tribunal de Cuentas descarta tales acusaciones y avala la actuación de la Administración regional. Además, el archivo de las actuaciones coincide con la posición mantenida tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ministerio Fiscal, que solicitaron el cierre del procedimiento al no apreciarse responsabilidad contable alguna en relación con el sistema de facturación intercentros.
Con esta resolución, el Tribunal de Cuentas pone fin al procedimiento y confirma que la actuación de la Comunidad de Madrid se ha ajustado en todo momento al marco normativo vigente.
