Según declaró de manera voluntaria una testigo, «nada se movía sin que pasase» por su mesa. El Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad madrileña investiga cientos de miles de euros dados por el consistorio en contratos menores. Estas adjudicaciones se dan a dedo.
La causa se basa en contrataciones para arreglar colegios, comprar material deportivo y desarrollar labores de comunicación. Esta última es la más densa, en la que presuntamente se cruzan intereses de la exalcaldesa, Noelia Posse, y de un antiguo concejal, Roberto Sánchez. Según un informe de Hacienda los contratos se trocearon para «eludir» el control de las adjudicaciones.
En su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una extrabajadora del Ayuntamiento que «iba a contratación prácticamente a diario» y que «todo ello por orden de Vicenta P.». Los agentes le preguntaron por la relación del consistorio con algunos empresarios investigados, Alberto Gasco y David Zamorano.
La mujer, que responde a las siglas de F. V., explicó que «nada más llegar al Ayuntamiento» le hicieron llegar una serie de facturas antiguas. Un compañero le dijo que su predecesora «no las había firmado y le tocaba» a ella. Sorprendida, dijo que cómo iba a firmar «cosas que se habían contratado con anterioridad a que ella estuviese», por lo que se negó.
Ante la negativa, el concejal Roberto Sánchez la llamó a su despacho. El exedil, «hasta el punto de presionarla» y «llegando a enfadarse», le dijo que esas facturas «había que firmarlas». La testigo, que acababa de aterrizar en su puesto de trabajo, le pidió consejo a Vicenta P., ahora asesora en Moncloa. «Tú verás lo que haces», le respondió esta. Tras las conversaciones acabó firmando.
Vicenta P. ha sido nombrada asesora en Moncloa recientemente. Es funcionaria pública, sin cargo en el PSOE. De hecho, tras las últimas elecciones municipales, ha trabajado en el Ayuntamiento de Móstoles, en manos del PP, hasta ahora.
