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  Legal  Tragsa: Jessica dependía del presidente de Adif
Legal

Tragsa: Jessica dependía del presidente de Adif

El director de la empresa pública Tragsatec, González, ha asegurado en la Comisión de Investigación del 'caso PSOE' que se sigue en el Senado que la contratación de Jessica Rodríguez –fue realizada por encargo de ADIF, cuya monitorización colgaba de la presidencia de la empresa pública que dirigía Pardo de Vera.

RedaccionRedaccion—1 de abril de 20250
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González ha afirmado que «el proceso de selección se ajustó a las normas» y que «nada hacía sospechar que no hubiera estado trabajando antes en otra empresa pública». De hecho, González ha deslizado que tuvieron en cuenta su «experiencia» previa en Ineco para seleccionarla como candidata.
Sin embargo, al mismo tiempo ha reconocido que en el acceso de Jessica el análisis del perfil, de su mérito y capacidad para desarrollar las funciones que requería la vacante, no implicó, en ningún momento, la participación en pruebas objetivas o exámenes. Es más, desde que se publicó, formalmente, hasta que la joven superó todas las cribas, incluida la valoración técnica, sólo transcurrieron «siete horas».

Durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre el caso PSOE, el director de Tragsatec ha indicado que la titulación de la mujer cumplía con los requisitos del puesto, para el que tuvo que «postularse» dejando un curriculum actualizado a través de la página web, y ha confesado que no sabía que no acudiera a trabajar.
«En todo momento, de la persona sobre la que me está preguntando, el cliente [a través del subdirector, Ignacio Zaldívar García] nos decía mensualmente que estaba trabajando en sus instalaciones», ha mencionado, tras relatar que fue contratada para un puesto administrativo para un encargo que les hace Adif –adscrita al Ministerio de Transportes– de apoyo a gestión presupuestaria, control de expedientes administrativos y soporte técnico.
González, que ha asegurado que se enteró de todo el año pasado por la prensa, ha reivindicado que Tragsatec encargó una auditoría interna que avaló que se cumplió «la normativa básica en materia de selección, contratación y control de actividad laboral».

Pero ha subrayado que se detectó la «incidencia» de que, «a diferencia del resto de trabajadores, no se tiene constancia de que haya realizado fichajes en el periodo de duración de su contrato, ni que haya presentado a través de la aplicación justificación de incidencia alguna», pese a que «se le haya requerido en diferentes ocasiones solventar los problemas técnicos para poder realizar los fichajes online sin resultado positivo». «Lo que le puedo asegurar es que con los resultados y las conclusiones de esa investigación, evidentemente, tomaremos las medidas necesarias para que este hecho no se vuelva a producir», ha garantizado.

El director de Tragsatec se ha declarado tanto «asombrado» como preocupado y ha admitido que esta situación ha provocado un «daño reputacional total» a la compañía, porque la ha puesto «en el disparadero» durante meses. En este último sentido, González ha explicado la dimisión de Caridad Martín Palacios, la que fuera gerente de Tragsatec, y que tras el escándalo que saltó a finales del pasado año puso su cargo a disposición de sus superiores.
No en vano, en el mes de octubre de 2023 se encargó una auditoría interna en la entidad, al hilo de las informaciones que vieron la luz en diferentes medios de comunicación: «A diferencia del resto de trabajadores, no se tuvo constancia de que esa trabajadora [Jessica Rodríguez] hubiese realizado fichajes o presentase justificación alguna para las ausencias de los mismos. Tampoco solicitó [por el canal ordinario y reglado] vacaciones o días de libre disposición». Si bien González ha declinado, hasta poder asesorarse «jurídicamente», entregar al Senado la documentación vinculada con la auto investigación.

Es éste escenario el que salpica a Martín Palacios y la tesitura en la que el director de Tragsatec, a día de hoy, no puede asegurar que no haya más personas en dicha situación. Esto es, «que cobran sin trabajar», de acuerdo con la interpelación de la senadora María Mar Caballero (UPN). «No tengo constancia», reiteraba Juan Pablo González. Y apostillaba: «Los procedimientos no suelen ser perfectos».

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