Son la reforma de la ley orgánica que regula el derecho de asociación y la que transferiría competencias sobre inmigración y extranjería a Cataluña. Ambas iniciativas han sido presentadas como proposiciones de ley del grupo socialista, en lugar de proyectos de ley promovidos por el Gobierno.
«No se me puede exigir que asuma tal responsabilidad, ni siquiera como convidado de piedra», argumenta Fernández-Fontecha en una carta enviada este martes al secretario general del Congreso y letrado mayor, Fernando Galindo. Aunque en teoría Fernández-Fontecha forma parte de la Comisión Constitucional junto con Carlos Gutiérrez Vicén y José Luis Peñaranda, en la práctica fue apartado en diciembre de 2023 por Galindo, en pleno debate sobre la amnistía. Desde entonces, según denuncia, sus compañeros no han contado con su criterio en las decisiones de la Comisión.
El motivo que ha impulsado su renuncia es un informe elaborado por el letrado Gutiérrez Vicén hace dos semanas y remitido a Galindo sobre la reforma del derecho de asociación, cuyo propósito es la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco. Fernández-Fontecha afirma que no fue consultado sobre dicho informe y expresa su desacuerdo con su contenido, «ni como letrado de las Cortes Generales ni como constitucionalista, por entender que es manifiestamente inconstitucional».
En su valoración, califica la reforma como una «ley singular autoaplicativa, técnicamente inaceptable y contraria al contenido esencial de los artículos 16, 22 y 24 de la Constitución». La semana pasada, la Comisión Constitucional aprobó el dictamen de esta norma, que será debatida en el Pleno del Congreso próximamente.
Por ello, el letrado concluye que no quiere «tener la más mínima responsabilidad ni en esa Proposición de Ley ni en la inminente Proposición de Ley orgánica de delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que previsiblemente será estudiada por esa Comisión y que considero quebranta absolutamente el sistema de competencias de los artículos 148 y 149 de la Constitución española».
«No se me puede exigir que asuma tal responsabilidad ni siquiera como convidado de piedra, y por tanto le solicito que, a la mayor brevedad posible, me dé de baja como letrado de la Comisión Constitucional en la Relación de letrados adscritos a las Comisiones, en los registros y bases de datos de la Dirección de Comisiones, así como en la página web».
