La organización sostiene que, pese a que la Ley de Memoria Democrática de 2022 no incluía ciertos supuestos —rechazados durante el trámite parlamentario—, Puente autorizó su incorporación mediante una instrucción administrativa poco después de aprobarse la norma.
Según la querella, la exresponsable habría alterado el alcance de la ley al permitir conceder la nacionalidad a descendientes de españoles sin limitarse a las causas de exilio previstas originalmente, lo que solo podría haberse modificado mediante una reforma legal.
Hazte Oír argumenta que esta actuación no interpretó la ley, sino que la modificó de forma deliberada, lo que podría haber provocado concesiones irregulares y un posible fraude legal.
