El rotativo británico destaca, en un reciente artículo, titulado The eviction heavies stoking the fires of Spain’s property crisis (Los desahucios avivan la crisis inmobiliaria en España) que en España hubo en 2024 un total de 16.426 denuncias por okupaciones de vivienda, un 7 % más. Una cifra que compara con los apenas 124 casos registrados en Francia.
«La actitud del Gobierno no es la de defender a los propietarios. Minimiza el problema. Es indignante», apunta al rotativo británico Mikel Echavarren, director de la empresa de servicios inmobiliarios Colliers en España y Portugal.
El artículo, que sitúa a Barcelona como la ciudad más afectada, vincula las altas cifras de España con la crisis financiera, que motivó que miles de pisos quedaran vacíos y se despertara un sentimiento general contra los bancos. De hecho, recuerda unas recientes palabras de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, que afirmó que «Si no tienes dónde dejar a tus hijos, claro que puedes echar abajo la puerta de un piso de un banco».
Sin embargo, el periódico constata que el problema no afecta solo a pisos propiedad de bancos o del banco malo Sareb –que ha denunciado a uno de cada diez de sus inquilinos por no pagar pese a no ser vulnerable–, sino en las de pequeños propietarios, «que acaban viéndose obligados a contratar empresas de desahucio poco recomendables».
«La gente se está dando cuenta de que muchos okupantes no son vulnerables y se están aprovechando del sistema», declara al rotativo Ricardo Bravo, profesor que dirige la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO). Bravo creó el grupo después de que su propio piso fuera okupado: «Fue un infierno durante ocho años».