Como resultado el SMI ya supera el 70% del sueldo promedio en más de la mitad de las comunidades autónomas y no hay visos de que haya alcanzado su techo. No en vano Trabajo ha llegado a reconocer su pretensión de que incrementos de esta cuantía se automaticen ejercicio tras ejercicio, y no sea necesario esperar al debate entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y los agentes sociales. La desproporción actual a la que ha llegado el Salario Mínimo es patente tras el cotejo de los datos más actualizados, y exhaustivos, sobre la estructura de las remuneraciones del mercado laboral español, elaborados por la Agencia Tributaria.
En gran parte del territorio español queda así ya muy lejana la referencia que el Gobierno Sánchez se marcó para la evolución del SMI, cuya meta estaba situada en el 60% del salario promedio a escala nacional. Ese techo ha sido rápidamente perforado gracias a las continuos y abultados aumentos, en algunos años llegando incluso a los dos dígitos, que el Salario Mínimo muestra desde 2018.
Tan vertiginosa evolución amenaza con provocar problemas para el tejido productivo en las once comunidades autónomas en las que ya se superó el 70% del sueldo promedio. El impacto resultará especialmente intenso en Extremadura (cuyo sueldo promedio se sitúa en 18.344 euros anuales brutos); en Andalucía (19.618); Murcia (20.552); y Canarias (20.709). En el otro extremo del espectro, notablemente situadas por debajo de la línea roja incluso del 60% de la remuneración media se encuentran Cataluña, Madrid y, fuera del régimen común fiscal y de financiación, Navarra y el País Vasco. Ni siquiera la pandemia, la crisis inflacionista provocada por la invasión rusa de Ucrania o, más recientemente, la peor guerra comercial vivida por la economía global en dos siglos han conseguido matizar la estrategia de Moncloa basada en continuar presionando al alza sobre el Salario Mínimo.
Muy al contrario, el Ministerio de Trabajo asegura a los agentes sociales que mantiene su fidelidad a esta hoja de ruta, tomando el ejemplo de países como Alemania, aun cuando los expertos avisan de los peligros que implica servirse de la locomotora europea como brújula en este ámbito. En concreto, la estructura económica y el muy diferente nivel de renta per cápita hacen tan difíciles como arriesgadas las comparaciones entre España y el país teutón.
Fuentes de las patronales señalan el preocupante panorama que se plantea de modo inminente. «Se perdió la perspectiva del mundo real cuando ya se planearon nuevas alzas del SMI, apenas unos meses después de que se acometiera otra subida», explican desde las empresas recordando el muy corto periodo de tiempo que ya medió entre el incremento del salario mínimo de 2021 y el propio de 2022. El impacto sobre el empleo, especialmente en las autonomías en las que el avance del Salario Mínimo se muestra proporcionalmente más cuantioso, es todavía objeto de debate académico, aunque existe una gran mayoría de expertos que ya señala los efectos nocivos.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4,4% impulsada por Trabajo, hasta los 1.184 euros mensuales, 50 euros más que en el año 2024, «tiene un impacto muy superior en los costes salariales mensuales que las empresas tendrán que pagar por trabador. Se trata de unos 80 euros más al mes por empleado», según los datos adelantados por Cepyme en las últimas semanas. De acuerdo con la patronal de la pequeña y la mediana empresa, el coste salarial mensual para un sueldo mínimo de 1.184 euros, en 14 pagas, con las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (que subirá cada año hasta 2029), se sitúa entre los 1.816 y los 1.903 euros, según sea el tipo de cotización por accidentes de trabajo. Esto arroja una diferencia de entre 78 euros y 81 euros, que suponen un 56% y un 62% más, respectivamente, sobre los 50 euros mensuales propuestos por el Gobierno.
Si, además, el coste anual se prorratea entre once meses de trabajo, descontando el mes de vacaciones, el desembolso salarial efectivo por mes de trabajo está en un rango de entre 1.981 y 2.076 euros. Ante el recurrente incremento del SMI, tampoco a Hacienda le salen las cuentas y es por ello por lo que el departamento dirigido por Montero se resiste a eximir de hacer la declaración del IRPF a los beneficiarios de esa retribución. Así lo demuestra el hecho de que la deducción ad hoc aprobada por ese colectivo, de momento, solo cubra el 50% de la desgravación a la que deberían tener acceso.
