No tanto por su peso en la creación de nuevos empleos –suponen el 14,32% del total de contratos firmados en 2024– sino por su volatilidad, que deriva del hecho de que, aunque sus trabajadores se consideran indefinidos, encadenan periodos de actividad con otros de inactividad, a la espera de que su empresa vuelva a llamarles. Algo que, según revela un informe del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, ocurre tres veces de media al año. Y en periodos mucho más cortos que antes del cambio legal
Los fijos discontinuos que interrumpen su actividad son dados de baja de afiliación y no perciben salario, aunque pueden inscribirse como demandante de empleo y recibir una prestación por desempleo (aunque solo un 18,5% de los inscritos llegan a hacerlo). Pero no se consideran parados porque mantiene la relación contractual y están a la espera de un nuevo llamamiento de la empresa. Esto ha disparado la polémica sobre si maquillan las cifras de paro registrado.
El último Informe del Mercado de Trabajo Estatal publicado por el Observatorio del SEPE recuerda que esta figura existe desde hace años, pero el cambio legal que entró en vigor en 2022 «supuso un aumento considerable del número de contratos» de casi dos millones en ese año, lo que se justifica «como medida para reducir la excesiva temporalidad del mercado de trabajo». Los fijos discontinuos son más habituales en sectores considerados de escasa estabilidad y bajos salarios: turismo, hostelería, agricultura (en especial recolectores de fruta) y educación (aunque no los profesores, sino oficios auxiliares como cuidadores de comedor o monitores).
El problema es que si los trabajadores interrumpen su empleo (y sus ingresos) varias veces al año, su situación no es demasiado distinta de los eventuales. Como señalan varios expertos, pueden contribuir a reducir la temporalidad «contractual» es decir, el peso porcentual de los contratos de duración determinadasobre el total, pero no la «empírica». Es decir, la que perciben los propios trabajadores.
La principal ventaja de los fijos discontinuos sobre los temporales está en las condiciones laborales. Los llamamientos están garantizados y para extinguir el contrato hay que hacer un despido con indemnización de entre 20 y 33 días (según el caso). Un temporal cuyo contrato finaliza por alcanzar su duración estipulada solo recibe 12 días por año trabajado. Sin embargo, por pasar a la inactividad un fijo discontinuo no recibe compensación.
El SEPE explica que el llamamiento «deberá realizarse al inicio de la temporada, campaña o actividad fija-discontinua a la que aquella está asignada», según las «necesidades de la propia actividad de la empresa (producción, climatología, circunstancias de mercado, etc.)». Pero la reforma laboral flexibilizó estos contratos para que pudieran utilizarse en actividades más allá de las netamente de campañas de temporada, incluyendo las ETTs. Las condiciones que encuentran los nuevos fijos discontinuos son muy diferentes a los anteriores. Esto explica que la figura se haya disparado con la nueva ley, aunque tocó rápidamente techo. En 2022, se registraron, 2.319.527 contratos lo que representa un aumento del 782,25 % respecto al año anterior. Sin embargo, en los años siguientes se observan ligeras disminuciones, al firmarse 2.313.766 contratos en 2023 (-0,25 %) y 2.208.030 contratos en 2024 (-4,57 %). Su peso porcentual en el último año registra también un leve retroceso del 14,98% de 2023 al 14,32% de 2024.
Sin embargo, pee al retroceso de los contratos el informe del SEPE muestra que los llamamientos han aumentado. En 2024 se contabilizaron 4.283.976, un 17,77 % más que el año anterior. Afectaron a un total de 1.397.356 personas, lo que, por su parte, representa un aumento interanual, del 9,56 %, es decir, 121.970 personas. «La relación entre ambas variables viene a indicar que cada persona es llamada en torno a una media de tres veces al año» concluye el Observatorio, que por primera vez publica información sobre los llamamientos.
Más del 35% de los llamamientos (que se corresponden con el 51 % de las personas) se concentran en las actividades de servicios de comidas y bebidas, agricultura y ganadería, servicios de alojamiento y educación, en línea con los contratos firmados. Pero en un 38% de las reincorporaciones (que afectan al 15% de los trabajadores) se desconoce la actividad económica, ya que se deben a contratos fijos discontinuos firmados por Empresas de Trabajo Temporal. Es decir, los llamamientos son contratos de puesta a disposición de otras empresas. Además, la frecuencia de llamamiento es mucho mayor que la del resto.
La pregunta es cuánto duran estos llamamientos en alta. El informe del SEPE no lo precisa, si bien diferentes expertos han realizado cálculos en los últimos dos años en función de la información recogida en la Muestra Continua de Vidas Laborales.
Esta situación convierte a los fijos discontinuos en una ‘piedrecita en el zapato’ de la vicepresidenta segunda y artífice de la reforma laboral, Yolanda Díaz, que ha anunciado varias campañas para perseguir el abuso en esta figura. Aunque su actuación más reciente no tiene que ver con ese problema, sino con el coste para el SEPE de los fijos discontinuos apuntados al paro. Y es que muchas empresas se quejan de que los trabajadores que precien prestaciones prefieren agotarlas antes de reincorporarse. Aunque la negativa se entiende como una dimisión o baja voluntaria del trabajador y conlleva no solo la extinción del contrato sino la pérdida de la prestación, este paso es complejo (el trabajador puede denunciar la decisión de la empresa) y la retirada de la prestación no siempre es inmediata.
Para clarificar las cosas, la última reforma de las prestaciones y subsidios establece explícitamente que la negativa sin causa justificada a reincorporarse conlleva la suspensión automática de la prestación, sin depender de que la empresa notifique la baja voluntaria. Una precisión que busca cerrar cualquier posible vía a la picaresca, pero que poco sirve para mejorar la empleabilidad real de estas personas.
