El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó a través de la sentencia del 18 de junio de 2022 a España a modificar la norma, ante la dificultad que la actual ley impone a los ciudadanos para poder ser indemnizaciones por leyes nacionales contrarias al Derecho europeo.
El TJUE dio un importante revés a España al concluir que el procedimiento actual hacía que en la práctica fuera excesivamente difícil obtener la indemnización, ya que supeditaba el pago a que hubiera un fallo en contra de la justicia europea y, antes de llegar ahí, los ciudadanos hubieran agotado la vía judicial en nuestro país.