«Nos enteramos por la prensa», señalan fuentes de Junts sobre que el Gobierno prevé aprobar este proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas el martes en Consejo de Ministros. La formación independentista asegura que mantiene su rechazo porque no han hablado con ellos estos días, ni siquiera les transmitieron esta intención de proceder con su tramitación parlamentaria. Pero también insisten en que no se han cerrado a la negociación y esperan hacerlo en cuanto la ley sea aprobada esta semana.
El borrador, en forma de anteproyecto de ley, ya había recibido la luz verde del Gobierno en primera vuelta el pasado 4 de febrero tras lo que recibió el informe crítico del Consejo Económico y Social (CES) que contaba con la firma de las patronales y los sindicatos. La norma no generó consenso en la mesa del diálogo social, pues la patronal no se sumó al acuerdo, e incluso enfrentó a los ministerios de Trabajo y Economía.Casi dos meses después será enviado a la Cámara Baja para dar paso a la negociación parlamentaria, dado que la iniciativa de Sumar no tiene garantizado todavía que vaya a reunir los votos suficientes.
Desde Junts expresan que su posición «por el momento, sigue siendo la misma». El partido considera que la propuesta, tal como está planteada, «genera muchos más perjuicios que beneficios» y supone «un tiro al pie de la negociación colectiva». Para los de Puigdemont, el Gobierno promueve esta reducción de la jornada laboral «sin calcular los efectos» que puede tener, sobre todo, para las pymes y las microempresas. Así, hace un mes, el diputado de la formación Josep María Cervera compareció en la comisión de trabajo del Congreso y trasladó a Díaz que la reducción de la jornada es una medida que responde «a una necesidad suya» porque está dentro del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar.
El diputado señaló que la posición «no es nada fácil», ya que ningún trabajador va a renunciar a trabajar menos y ganar más. Pero defendió que ya existen convenios colectivos negociados entre sindicatos y empresas que tienen horarios inferiores a las 40 horas semanales. «No puede cambiar la forma en que ha evolucionado la negociación colectiva en este país en las últimas décadas», señaló.
La aprobación en Consejo de Ministros dará paso a un periodo de tramitación que suele durar de media cinco meses en el caso de los proyectos de ley y que podría reducirse a la mitad en el caso de que se declare que tiene que ser abordado con urgencia. Desde Junts calculan que, en el mejor de los casos, la tramitación llevaría unos tres meses (al margen de que en julio y agosto no haya sesiones) y con ello plantean dudas de que se pueda aplicar en enero de 2026.
