En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha pedido a la Escuela de Gobierno de la UCM que conteste en un plazo de 10 días dónde tenía físicamente su puesto de trabajo, cuál fue el proceso de selección para su contratación, cuáles eran sus funciones y qué retribución tenía y con cargo a qué partida.
La diligencia acordada ahora por el juez Peinado se enmarca en la causa en la que se investiga si Begoña Gómez cometió los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
El instructor ha adoptado esta decisión después de tomar declaración como testigo a De Juan el pasado febrero. Según fuentes presentes en el interrogatorio De Juan explicó en aquella ocasión que Begoña Gómez la propuso para coordinar el proyecto de Transformación Social Competitiva.
La excoordinadora también reconoció que llegó a poner en copia a la asesora de Gómez en Moncloa –la investigada Cristina Álvarez– en varios correos electrónicos enviados a Gómez. Con todo, De Juan incidió en que así lo hizo porque la asesora estaba interesada en los temas de agenda de la esposa de Pedro Sánchez para coordinar su seguridad. En aquella declaración, además, negó haber recaudado fondos para la cátedra o haberse reunido con el empresario investigado en la causa Juan Carlos Barrabés.
En el sumario de la causa, consta un correo de octubre de 2022 en el que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM informan a Álvarez de cómo registrar el dominio de la página web del máster. Dicho correo fue enviado también a Gómez y a De Juan.
En el correo electrónico figura un mensaje previo –del 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
