Acaba de aceptar una acción popular más, la que ejercerá la organización provida Hazte Oír, en la causa en la que investiga al fiscal general del Estado, García Ortiz, por la presunta revelación de datos de la pareja de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En el caso de Hazte Oír, el magistrado ha acordado que a diferencia del resto de acusaciones actúe junto a una de las que ya lo estaban: Fundación Foro Libertad y Alternativa. Las otras tres acusaciones populares personadas, el Colegio de la Abogacía de Madrid, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y el Sindicato Colectivo de Funcionarios Manos Limpias, mantendrán su personación por separado y de manera individualizada con su propia defensa y representación. A ellas hay que sumar la acusación particular que ejerce el empresario Alberto González Amador.
En un principio el instructor de la causa seguida contra el fiscal general rechazó la personación de Hazte Oír, pero la Sala de lo Penal le dio la razón al rechazar también un recurso de la otra imputada en el procedimiento, la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que instaba a que se procediese a unificar a todas las acusaciones, como se ha hecho en el caso Begoña Gómez o en el de Koldo tanto en la Audiencia Nacional como en el propio Supremo.
«El que se haya dado entrada a una acusación popular más, no hace variar las razones que se sopesaron para mantener por separado la presencia de las cuatro iniciales acusaciones, más, cuando no considera este magistrado que su actuación en la presente causa haya distorsionado la marcha de la instrucción», explica Hurtado, que insiste en que «la regla de unificación tenía su razón de ser en la evitación de eventuales dilaciones si hay una pluralidad de acusaciones, con intereses convergentes y cuya razón básica de su personación es el interés común y general para el esclarecimiento de los hechos».
Para el instructor del ‘caso PSOE’ en el Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, «obran indicios en las actuaciones de que los señores Ábalos y García [Koldo] habrían emprendido gestiones orientadas –nuevamente a impulsos del Sr. de Aldama, que favorecía, en este caso los intereses de Air Europa–, para que la misma pudiera obtener, con la mayor rapidez posible, las aportaciones financieras públicas que precisaba para poder continuar con su actividad». Así lo señala el juez en el último auto dictado en el marco de la causa en la que está imputado el ex ministro de Transportes de Pedro Sánchez, por varios delitos de corrupción. De hecho, en el último de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se hacía expresa referencia a cómo Ábalos, por aquel entonces titular del Departamento de Transportes, hizo pública una nota de prensa alimentando la idea de que dichas ayudas iban a ser obtenidas por Air Europa, a cambio de lo que el ministro socialista «habría podido obtener también un cierto beneficio económico (concretamente el pago de la renta de un alquiler en Marbella por valor de 7.000 euros), recuerda el magistrado Puente en la resolución,
Un esfuerzo, el de Ábalos y Koldo que, sin embargo, a ojos de la aerolínea, y de su CEO Javier Hidalgo, en un momento determinado «pudo haber considerado (…) infructuoso o poco operativo, decidiendo explorar otras vías», apunta el juez, para acelerar el salvavidas financiero que tanto ansiaba la compañía.
Cabe recordar que, precisamente, llegados a este punto fue donde los investigadores asignados a la causa revelaron cómo Aldama, el principal comisionista de la trama presuntamente vinculada al Ministerio de Transportes, dio la voz de alarma a Koldo asegurando que Hidalgo «se está buscando la vida con Begoña [Gómez]» para lograr el rescate. En uno de los últimos informes aportados por la UCO al juez, adelantado por este diario, se hizo constar que el día 3 de septiembre de 2020, el CEO de Globalia, matriz de la compañía aérea, trataba a la desesperada de desbloquear la situación. «Está jodido, muy jodido el tema éste, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña», anunciaba Aldama a su interlocutor, en referencia a la mujer del presidente del Gobierno.
Una de las «otras vías» a las que el juez Puente parece hacer alusión en su último escrito. Unas «vías» que podrían dejar la puerta del Supremo abierta para que otros tribunales, que no investigan a aforados, tengan en cuenta el devenir de los acontecimientos en los que, de acuerdo con los argumentos del magistrado instructor pudieron intervenir otras personas distintas de las ya fiscalizadas en la causa principal. «No resulta aquí objeto de investigación la posible comisión por parte de terceros de eventuales irregularidades al respecto», aclara el juez, «incluso aunque pudieran tener éstas perfiles delictivos. Bien podrá interesar, llegado que fuera el momento, la parte personada también en el procedimiento que se sigue ante el Juzgado Central de Instrucción número 2, la eventual depuración de esas posibles responsabilidades», sugiere.
De hecho, en el auto notificado este mismo lunes, se apunta a lo «razonable» de que «en estas circunstancias, –incluso al objeto de que las demás testificales que pudieran acordarse, si llegara el caso, pudieran resultar de mayor interés para la causa–, esperar al resultado de las mencionadas diligencias. Siempre sin perder de vista que lo relevante aquí, lo que constituye el (muy extenso pero limitado), por lo que a esta cuestión respecta, objeto de la causa especial es el posible tráfico de influencias que, con el fin de lograr una pretendidamente irregular contratación, hubieran podido desplegar los investigados (…) Koldo García y José Luis Ábalos».
