El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha seguido, a pies juntillas, la versión de los hechos que, antes que él, dieron en sede judicial algunos de los que fueran sus compañeros de fatigas en La Moncloa, durante su etapa anterior como vicesecretario primero y secretario general, después, de la Presidencia del Gobierno. Así las cosas, como ya hiciera Bolaños, el que fuese su superior jerárquico y antecesor en el cargo que heredó, tras el nombramiento de Bolaños como ministro, ha negado este miércoles haber participado en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en julio de 2018.
Fuentes jurídicas sostienen que Martín Aguirre se ha desentendido de cualquier responsabilidad en la designación de la colaboradora de Gómez que, pagada con cargo al erario, presuntamente ayudó a la mujer del presidente del Gobierno en el desarrollo de su actividad profesional privada. «Yo en ningún momento participé en ese nombramiento», ha sostenido el hoy delegado de Pedro Sánchez en Madrid apartándose, con ello, del supuesto delito de malversación en el que, de lo contrario, pudo haber incurrido.
Como se sabe, su imputación nace de una querella presentada por Vox, incluida ahora en la causa contra Begoña Gómez, como pieza separada, que se centraba de manera concreta en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para atender a la esposa de Pedro Sánchez, y en la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno, en el mes de julio del año 2021». Cabe recordar que la asesora de Gómez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia; éste no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021. La Fiscalía, por su parte, ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la imputación. De hecho, el propio Martín Aguirre, quien acudía a su cita judicial acompañado del Abogado del Estado que se le ha asignado para que ejerza su representación jurídica: «Todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial, porque consideramos incomprensible esta citación y por lo tanto esperamos que resuelva».
En el marco de esta línea de investigación, relativa al nombramiento de la asesora de Moncloa, también ha comparecido este miércoles, aunque como testigo, Raúl Díaz, quien ejerció como coordinador de personal de Moncloa en 2018. El juez le citó después de que el ministro Bolaños, le identificara a petición del propio Peinado durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril. Este miércoles, Díaz ha acudido a los Juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba citado a comparecer a las 12.30 horas. Según las fuentes jurídicas consultadas, el cargo de Moncloa ha explicado que no tenía la facultad de contratar a personal eventual en Presidencia; también ha asegurado que Álvarez ha cumplido con las funciones correspondientes a su cargo de asesora de Begoña Gómez.
El instructor le ha pedido al testigo que recabe más datos sobre este asunto para continuar con su declaración, por lo que le ha avanzado que le volverá a citar en el marco de la investigación.
A raíz de la ronda de citaciones de este miércoles, también han comparecido ante el juez otros cuatro testigos, pero para responder por otra de las líneas de investigación de esta causa, la relativa al software de la Universidad Complutense de Madrid del que, según Hazte Oír, personada como acusación popular en la causa, se habría apropiado de forma indebida Begoña Gómez. En concreto han declarado cargos de Google, Indra y Telefónica para ahondar en las inversiones de dichas compañías en el citado programa informático de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva codirigida por la esposa de Sánchez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El instructor les citó después de que directivos y ex altos cargos de dichas tecnológicas (quienes aseguraron que, por sus funciones, no tenían conocimiento del detalle de dichas inversiones) facilitaran sus nombres y les identificaran como los trabajadores que sí estaban al tanto.
Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google, ha sido el primero en entrar a la sala de vistas. Le ha seguido Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google. Desde la compañía han sostenido que su colaboración con la plataforma ‘Transforma TSC’ de la Complutense formaba parte de sus «continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España», donde cuentan con 150 proyectos con universidades e instituciones en los últimos cinco años.
También ha comparecido este miércoles Luis Abril, responsable de Minsait, filial de Indra, y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica. Cabe recordar que tanto Google como Indra informaron al juez por escrito el año pasado de las inversiones que hicieron: la primera aportó 110.000 euros en el software, mientras que la segunda contribuyó con 128.442 euros más.
Por su parte, Rosauro Varo, vicepresidente de Telefónica, ha explicado que su relación con la esposa de Pedro Sánchez es estrictamente profesional. Preguntado sobre quién sugirió que la compañía invirtiera en el proyecto de la Complutense, ha asegurado que fue la propia Gómez, según fuentes presentes en el interrogatorio.
