Si bien censura que se diera traslado a las partes del vídeo de esa comparecencia, algo que cree que era innecesario dado que se acogió a su derecho a no declarar. Los magistrados descartan asimismo que Peinado se haya extralimitado en su labor como instructor -como se quejó la defensa de la esposa de Sánchez- y hace hincapié en que a tenor de su supuesta implicación en los hechos investigados «se podría deducir» que Begoña Gómez «debía de venir aprovechándose de su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada, en un sector novedoso, como es, el de la captación de fondos por entidades, en relación a establecimiento de criterios de responsabilidad social competitiva transformadora de la sociedad». Por ello, resaltan, las empresas del Grupo Barrabés «resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación» de la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), «para el lanzamiento y supuesta excelencia profesional desde la cual se habrían urdido el resto de actividades, sobre la que se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una clara desviación de poder».
Por otra parte, la Sala obliga al instructor a archivar la causa respecto a dos de los imputados: el rector de la Universidad Complutense Goyache y el directivo del Instituto de Empresa Güemes, investigado el primero por la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa del presidente del Gobierno y el segundo por su fichaje para dirigir el Africa Center.
Sin embargo, la Audiencia madrileña mantiene la condición de investigados tanto del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien avaló Begoña Gómez en adjudicaciones públicas, como de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, que actuó como asistente personal de la mujer de Pedro Sánchez, gestionándole incluso la renovación de la financiación de su cátedra universitaria.
Em esa misma resolución, la Sala pone coto a la investigación del rescate de Air Europa en el marco del procedimiento, como ya hizo en mayo de 2024, pero abre la puerta a que, si Peinado advierte indicios suficientes, investigue los hechos en una pieza separada.
La instancia superior a Peinado defiende que la condición de imputado de Barrabés «tiene origen en las adjudicaciones públicas de las que ha sido beneficiaria la empresa Innova Next S.L y que estas se hubieran concedido en un corto periodo de tiempo, entre los años 2021 y 2022, once contratos públicos con distintas Administraciones, ganando a propuestas más ventajosas y por un valor de unos 21 millones de euros. Contando en algún caso, señala, «con el aval personal de Begoña Gómez como directora de la catedra».
La relación entre ambos, puntualiza, «constituye la clave del desarrollo de la cátedra de Transformación Social Competitiva», que según afirman los magistrados fue «utilizada como plataforma desde la cual se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva». Algo que explica, añaden, «el rápido desarrollo de la citada cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos».
De ahí que, subraye, también forma parte de la instrucción el «descubrimiento de posibles delitos cometidos» a través de esa cátedra, en la que también tenía participación Barrabés como profesor asociado, «por su cercanía a Begoña Gómez». Y llama la atención sobre el hecho de que, «además de su inicial actividad empresarial relativa a la venta online de útiles destinados al deporte del esquí, se vio dirigido hacia una exitosa actividad de desarrollo de nuevas tecnologías, con unos importantes beneficios».
