En una reunión de la Comisión de Salud Pública, las autonomías aceptaron enviar hasta 15.000 dosis de triple vírica y 10.000 de vacunas contra la difteria, el tétanos, la polio y la varicela.
Sanidad insiste en que no existe una emergencia de salud pública y defiende la medida como una actuación preventiva para cubrir las necesidades extraordinarias de vacunación tanto de inmigrantes como de residentes no inmunizados.
Sin embargo, varias comunidades gobernadas por el PP han criticado la gestión del ministerio. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusó a Mónica García de reaccionar tarde y de plantear la petición de forma «chantajista», aunque confirmó la colaboración de Madrid por responsabilidad institucional. Aragón y Cantabria también mostraron su malestar, al considerar que el Gobierno central debía haber previsto esta situación.
Las críticas se centran en que el Ministerio aprobó en junio una estrategia específica para vacunar a migrantes llegados por vía irregular, que contemplaba reservas estratégicas de dosis. No obstante, dichas reservas no llegaron a desarrollarse, obligando ahora a recurrir a los suministros autonómicos.
Además, el propio protocolo recomienda administrar estas vacunas durante las tres primeras semanas de estancia en España, un plazo que ya se ha superado en el caso de muchos inmigrantes llegados a Ceuta a finales de julio.
Mientras Sanidad y la Ciudad Autónoma discrepan sobre el reparto de responsabilidades, profesionales sanitarios han denunciado una situación de fuerte presión asistencial, pese a que el ministerio sigue rechazando que exista un colapso sanitario. Una delegación encabezada por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, se encuentra ya en Ceuta para evaluar el impacto de la crisis en los servicios de salud.
