Entre los principales cambios propuestos están la subida del IVA a los pisos turísticos al 21%, un nuevo impuesto a compradores extranjeros no residentes y un aumento en la tributación para viviendas vacías. Estas medidas forman parte de un paquete anunciado por el presidente del Gobierno, el pasado mes de enero y que ahora el grupo parlamentario socialista lleva a trámite. Según la ministra de Vivienda, Rodríguez, la intención es acelerar su aplicación: «El presidente del Gobierno lanzó doce nuevas medidas para dar solución al problema de la vivienda y seis meses después están en marcha».
Uno de los cambios más destacados es que los pisos turísticos pasarán a tributar con un IVA del 21%, al ser considerados una actividad económica. Esta medida busca reducir la rentabilidad del alquiler vacacional y fomentar que esas viviendas vuelvan al mercado residencial. El impuesto lo pagarían las plataformas de alquiler, no los propietarios directamente. Desde el Ministerio de Vivienda se subraya que esta iniciativa está alineada con la nueva normativa europea del IVA que entrará en vigor en 2028.
La ley también plantea beneficios fiscales en el IRPF para propietarios que alquilen por debajo del índice de precios de referencia. En zonas no tensionadas, estas deducciones pueden alcanzar el 100% si el alquiler se ofrece a precios especialmente bajos. También se aplicarán reducciones del 70% al 85% en función de otros criterios, como rebajar el alquiler un 5% en la mensualidad o en casos de alquilar a los jóvenes.
En las zonas tensionadas, los beneficios fiscales llegarán hasta el 95%, con el fin de que las comunidades autónomas puedan sumarse a este plan.
Para incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado de alquiler, se incrementará la carga impositiva en el IRPF. La tributación, que actualmente va del 1,1% al 2%, podrá alcanzar el 3% en función del valor catastral del inmueble.
Otra novedad relevante es la creación de un impuesto estatal para los extranjeros no residentes en la UE que adquieran una vivienda en España (excepto en el País Vasco y Navarra). El objetivo es evitar la compra especulativa. Aunque el porcentaje del gravamen aún no está definido, el Ministerio de Vivienda aclara que será gestionado a nivel estatal, no por las comunidades autónomas.
La proposición también modifica la fiscalidad de las socimis (empresas que se dedican a invertir en inmuebles), que pasarán de tributar del 15% al 25%, salvo si dedican más del 60% de su parque al alquiler asequible. En ese caso, podrán optar por bonificaciones del 50% o incluso del 100% si reinvierten sus beneficios en el mismo tipo de vivienda. Además, se amplían hasta 2025 las deducciones en el IRPF por obras de rehabilitación energética:
• 20% si se reduce un 7% el consumo de calefacción/refrigeración
• 40% si baja un 30% el consumo de energía primaria no renovable o mejora la calificación energética
• 60% si las mejoras se hacen en todo el edificio
La propuesta incluye también cambios legales para proteger y ampliar el parque de vivienda pública. Se modifica la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar la colaboración público-privada en el desarrollo de alquileres asequibles y se refuerza la protección de estas viviendas hasta 80 años.
También se establecerán las bases legales para transferir a la nueva empresa pública de vivienda (Sepes) los inmuebles y suelos del Estado, con el fin de acelerar su uso para políticas de vivienda asequible. En ese sentido, se propone modificar la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para establecer límites permanentes al precio de venta de estas viviendas.
