«Espero que no haya conflicto con Bruselas porque hemos sido respetuosos con el marco legal y hemos respetado los plazos», ha señalado Cuerpo para añadir que la normativa doméstica está alineada con la comunitaria. Cuerpo realiza estas declaraciones tras el toque de atención por parte del Ejecutivo comunitario al Gobierno español para avisarles de que no ven motivos para que bloquee o rechace la oferta pública de adquisición y de que vigilarán cualquier decisión que el gabinete Sánchez adopte al respecto se ajuste a la ley. Entienden que las autoridades competentes con capacidad para expresar su opinión sobre este acuerdo ya lo han hecho, por lo que podrían iniciar un procedimiento de infracción contra España si se produce una restricción no justificada a la operación.
El aviso ha tenido lugar después de que el departamento liderado por Cuerpo haya trasladado la potencial unión al citado órgano, que ahora dispone de un plazo de 30 días naturales para pronunciarse. En el marco de esta ‘fase III’, la normativa le habilita para imponer nuevas condiciones e, incluso, vetar la fusión, que no la opa, algo que compete a los propios accionistas del grupo catalán. En una entrevista en ‘Cadena Ser’, el titular de Economía ha especificado la necesidad de diferenciar entre el ámbito legal, en el que están siendo «escrupulosos y garantistas con el procedimiento» y el contenido, enfocado en cómo España considera que se debe avanzar hacia a unión bancaria y el futuro del sistema financiero para competir a escala internacional.
Sobre este punto, ha enfatizado en la necesidad de poder preservar objetivos a su juicio, relevantes en materia de política económica como la necesidad de que el crédito fluya hacia las pymes de manera generalizada en todo el territorio, pero también ser capaces a la vez de proteger el empleo. «No se trata de proteger el empleo de aquellas oficinas que no se cierren, sino que la presencia territorial de estas entidades salvaguarda la actividad económica de la zona y, por lo tanto, respalda también el desarrollo económico y los puestos de trabajo en aquellas comarcas en las que se mantienen», ha remarcado. El ministro ha argumentado que en el proceso de consolidación que ha vivido el sector financiero a lo largo de la última década se han mantenido como último banco cooperativas, cajas de ahorros o pequeños bancos regionales, en los que el criterio «estricto de rentabilidad no es el único» que había sobre la mesa. «Abanca en Galicia sería un claro ejemplo. Esto configura un escenario en el debemos aterrizar este tipo de criterios de interés general para tomar una decisión en cuanto a posibles condiciones adicionales que se puedan establecer, porque queremos proteger ese interés general», ha subrayado.
En este sentido, ha puntualizado que el concepto de interés general abarca unas dimensiones «claras». Estas son la inclusión financiera, la protección del empleo, el seguir proporcionando crédito a las pymes y la cohesión territorial en zonas como Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, a las que Banco Sabadell se encuentra estrechamente vinculado por motivos históricos. «Estamos siguiendo paso a paso la habilitación que nos da la ley para mirar estas condiciones, estas razones de interés general, que no quedan cubiertas en el procedimiento», ha esgrimido.
