Las tres compañías eléctricas tienen previsto dar luz verde en dicho encuentro a un plan de inversión de entre 15 y 20 millones de euros para mantener la central lista para seguir operando más allá de 2027. Según indicaron fuentes conocedoras, el encuentro supondrá la primera fase de avance para la negociación de una ampliación de vida para la central y en la misma se aprobarán inversiones para la contratación del combustible nuclear necesario, así como para mejoras en la seguridad y el personal.
A partir de ese momento, las eléctricas esperan mantener una reunión con el Gobierno para poder abrir una negociación sobre la situación fiscal de las centrales nucleares, que consideran injusta. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pactaron ya a finales de marzo la celebración de un encuentro con las eléctricas para poder flexibilizar el calendario de cierre, pero desde entonces no ha habido acercamientos en este sentido. De hecho, se ha producido incluso una discrepancia interna en el seno del Partido Popular. Mientras el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha aprobado en los Presupuestos regionales eliminar la tasa autonómica, en Extremadura, Guardiola sigue exigiendo que el Gobierno dé pasos en este sentido antes de avanzar en la parte autonómica.
En todo caso, las compañías se están armando de argumentos con una serie de informes elaborados por diversas consultoras, como el de EY desvelado ayer por elEconomista.es, en el que se pone negro sobre blanco el diferente trato fiscal que reciben las plantas españolas frente a otros países europeos con un diferencial de competitividad de más de 9 euros sobre los 28 euros/ MWh que pagan en impuestos estas plantas en nuestro país.
Según la previsión de las compañías, antes de marzo de 2026 las eléctricas tienen previsto llevar a cabo la petición oficial para prolongar la vida de esta central durante un plazo de tres años.
Las empresas propietarias de Almaraz ya han alcanzado un consenso sobre esta petición, aunque consideran que el plazo podría ser superior si se dieran las condiciones económicas necesarias para mantener operativas estas plantas y el Gobierno entrara en una posición más receptiva.
