Así lo confirmó Montero en una entrevista en TVE, en la que opinó que «es prematuro hablar de cifras» respecto a cuánto podría haber afectado esta rebaja a las arcas públicas, mientras que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula en un informe que el Estado podría haber dejado de ingresar 2.200 millones de euros. «Imagino que la UCO y los juzgados tendrán sus propias estimaciones», agregó Montero, pero «lo que tenemos que ver ahora es cómo podemos revertir esta situación para que no se siga produciendo». Así, recordó que en materia de fiscalidad no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo.
«Estamos explorando todas las fórmulas, todos los sistemas para hacer posible ese cambio normativo, impulsarlo y, por tanto, restablecer una normalidad que se alteró por unos pagos en los que se benefició, supuestamente, un equipo económico, ni más ni menos que del Ministerio de Hacienda».
Sobre el ‘caso Montoro’, la vicepresidenta primera también señaló que «es inconcebible» y aseguró que no le cabe «en la cabeza que un ministro de Hacienda se aproveche para pedir algo a cambio».
Así, Montero explicó que «el problema no son los inspectores de la Agencia Tributaria, que tienen que poder tener acceso a datos fiscales, sino qué uso se hace de esos datos», y aseguró que desde que es ministra de Hacienda «nunca jamás hemos tenido acceso, ni nos ha interesado acceder a ningún dato fiscal porque no tiene ningún sentido el poder acceder a ellos», en relación al acceso de datos de periodistas y particulares.
Para Montero, «todavía hay mucho que investigar» sobre este caso e insistió en que «algunos tendrán que dar la cara porque no se pueden seguir escondiendo», en relación a que «Feijóo no ha dado ningún tipo de explicación», terció. Sin embargo, si que pidió que se investigue el caso mediante un menaje en redes sociales nada más conocerse el caso en la opinión pública y de dar varias entrevista donde pide que se siga investigando.
