La ley defiende que concurren «circunstancias excepcionales» para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España.
Para acreditar esa condición podrán utilizar, entre otros documentos, un DNI español aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, certificados de nacimiento o documentación expedida por la Administración española.
Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad dispondrán de cinco años para optar también a ella. Además, la norma modifica el Código Civil para permitir a los saharauis acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España.
Las solicitudes por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, ampliables un año más. La norma entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE.
El PP, aunque ha recalcado que está de acuerdo con que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad, ha defendido utilizar la vía de la residencia y no la carta de naturaleza. Por su lado, Vox la ha votado en contra de «regalar» la nacionalidad española.
Por su parte, PSOE y Sumar han defendido la norma como una «restitución» de un derecho y una «reparación histórica». Mientras, los grupos minoritarios la han respaldado y han insistido en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui tras el giro del Gobierno a favor de la autonomía que propone Marruecos.
La votación coincide con un momento especialmente sensible en las relaciones con Marruecos tras la entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta a finales de julio, que ha desencadenado una grave crisis migratoria. Rabat reivindica además como propio todo el territorio del Sáhara Occidental y se ha mostrado contrario a la tramitación de esta norma.
Además, el debate ha tenido lugar días después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente, tras un recurso de Vox e Iustitia Europa, el derecho al voto de determinados nacionalizados mediante la ‘ley de nietos’, salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio. Precisamente los de Abascal han votado en contra porque cuestionan las garantías y la política de concesión de nacionalidades del Gobierno.
