El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas fiscales y financieras en favor de las Comunidades Autónomas, por el que se permitirá a las Comunidades
emplear sus superávits para que puedan destinarlos a inversiones en políticas esenciales como las de vivienda.
Con esta norma se pretende flexibilizar el marco financiero y promover la actividad inversora en los territorios autonómicos. El origen de dicho RDL radica en la negociación mantenida entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias, aunque sus medidas benefician a otras Comunidades Autónomas.
De esta forma, entre las medidas que figuran en el Real Decreto-ley
destaca el permitir que los territorios autonómicos puedan usar el superávit obtenido en 2025 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante los ejercicios 2026 y 2027.
El Real Decreto-ley aprobado permitirá a los territorios
autonómicos usar el superávit de 2025 para Inversiones
Financieramente Sostenibles en 2026 y 2027
También esta norma permitirá que las CCAA con una deuda
inferior al 12,4% del PIB al cierre de 2025 puedan destinar
sus superávits pendientes de aplicar de ejercicios
anteriores a inversiones
Ambas iniciativas benefician a ocho Comunidades
Autónomas, que podrán destinar inicialmente con datos de
avance del ejercicio 2025 más de 4.000 millones de
superávit a inversiones
Este Real Decreto-ley contempla medidas específicas para
Canarias, como ampliar para 2026 la deducción del 60% en
el IRPF a los contribuyentes residentes en La Palma,
afectados por le erupción volcánica,
Asimismo, en el conjunto de medidas se contempla otro elemento, por el cual se permitirá a las comunidades que tengan, a cierre de 2025, una deuda sobre PIB inferior al 12,4% que, en vez de estar obligadas a emplear los superávits pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a reducir su endeudamiento, puedan destinar esos recursos a inversiones. Dichas inversiones se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028 y no computarían a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.
Desclasifica los informes sobre la crisis en Ceuta
La portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Saiz, señaló este martes que el Ejecutivo «no tiene nada que esconder» y, por ello, aprobó en Consejo de Ministros la desclasificación de los informes relativos a la crisis migratoria en Ceuta.
Así lo avanzó Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que destacó que, una vez que ha aprobado esta medida, este miércoles, 9 de septiembre, toda la ciudadanía española podrá acceder a todos los informes de «situación y alerta» elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la inteligencia militar, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros organismos competentes que el Gobierno recibió entre el 1 de julio y el 1 de agosto sobre la presión migratoria en Ceuta, que culminó con la entrada masiva de inmigrantes irregulares el 30 y 31 de julio.
Estos 40 documentos no estarán disponibles hasta el miércoles. «Damos un paso más en nuestro compromiso con la transparencia”, señaló Saiz. La portavoz explicó que algunos de estos documentos requerían desclasificación y finalmente optó por aprobarlos en su mayoría en el Consejo de Ministros. Asimismo, especificó que si existen más documentos el Ejecutivo los hará públicos.
La ministra portavoz pidió también al presidente del PP, Núñez Feijóo, que se comporte “como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado” y que se coloque al lado del Gobierno “con responsabilidad y con prudencia”, dejando de abrazar “las teorías conspiranoicas o la desinformación”. «El horizonte temporal para devolver a Ceuta la normalidad y para solucionar esta crisis pasa por la colaboración entre administraciones”, señaló por lo que le exigió también «que actúe con responsabilidad y con prudencia”.
Se trata, según detalló, de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), para los cuales era necesaria esa desclasificación. A ellos se suman otros documentos policiales, como los del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), unidad que, en el documento aportado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, ya apuntaba, tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio, a la implicación de las fuerzas de seguridad de Marruecos por su “permisividad” y haber ejercido un “guiado activo de la masa” hacia Ceuta. Algo que la magistrada destacó al decidir abrir una causa para investigar lo ocurrido.
Enrabietado con el TS por el parón a la Ley de nietos
El Gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los nietos del exilio. «No lo compartimos», ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.
El Ejecutivo ha decidido responder de manera escueta a la decisión del Supremo de ordenar la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos, hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del asunto.
«No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y de la Junta Electoral Central», ha subrayado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por otro lado, ha expresado su respeto a los tribunales y su deseo de que, finalmente, resuelvan de acuerdo con la voluntad expresada por el Ejecutivo socialista: «Confiamos en la imparcialidad de la Justicia y en el Estado de Derecho, que es imprescindible».
