La Audiencia Nacional ha absuelto a la actriz Ana Duato y a su esposo del delito de fraude fiscal en el conocido caso Nummaria, tras una extensa investigación y un juicio que ha captado la atención pública durante años. Sin embargo, el fallo también incluye una de las condenas más severas impuestas en materia de delitos fiscales en España: el asesor fiscal de la intérprete, Fernando Peña, ha sido sentenciado a 80 años de cárcel.
La sentencia, emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, consta de 275 folios y detalla cómo Peña, al frente del despacho Nummaria, diseñó complejas estructuras financieras para que varios clientes, entre ellos figuras del mundo del espectáculo, eludieran el pago de impuestos entre 2010 y 2016. El tribunal considera probado que tanto Duato como el actor Imanol Arias hicieron uso de estos mecanismos para ocultar ingresos y evitar tributar en territorio español.
Pese a estas conclusiones, la actriz Ana Duato ha sido absuelta al no haberse demostrado que tuviera conocimiento de la ilegalidad de las operaciones financieras que se le atribuían. El tribunal señala en su fallo que «no concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto por el ordenamiento tributario».
Distinto ha sido el desenlace para Imanol Arias, quien decidió colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y alcanzar un acuerdo de conformidad. En virtud de este pacto, ha sido condenado a dos años y dos meses de prisión por cinco delitos fiscales cometidos entre 2010 y 2013. Al tratarse de una pena inferior a los dos años y medio y no contar con antecedentes penales, es probable que Arias evite su ingreso en prisión, aunque deberá hacer frente al pago de cuantiosas multas y la devolución de las cantidades defraudadas.
La pieza central de la sentencia recae sobre Fernando Peña, el asesor fiscal que, según el tribunal, fue el auténtico artífice de las maniobras fraudulentas. Su condena por numerosos delitos fiscales y falsedad documental suma un total de 80 años de prisión, aunque previsiblemente no cumplirá la totalidad de la pena, ya que el máximo legal de cumplimiento en estos casos suele situarse en torno a los 20 años.
La resolución judicial marca un importante precedente en la lucha contra el fraude fiscal y envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de los asesores financieros en este tipo de delitos.
