La entidad de origen vasco ha remitido esta nueva versión de las condiciones, que incluye el veto del Ejecutivo a una fusión durante al menos tres años, con el objetivo de poder avanzar en este informe, que debe recoger toda la información disponible para que los accionistas de una empresa acepten o rechacen la propuesta.
La normativa contempla que el supervisor dé su visto bueno en unas tres semanas, tras lo cual se daría comienzo a la apertura del periodo de aceptación, esto es, el tiempo en el que los accionistas de la entidad opada -en este caso el Sabadell- deben decidir si aceptan o no la oferta de la empresa que lanza la opa -BBVA- y le venden sus acciones. La ley española permite que éste se dilate entre 15 y 70 días, si bien deberá ser mínimo de un mes al estar sujeto también a la legislación americana.
Todo ello debería llevar a que acabe en septiembre. San Basilio ve poco relevante el impacto que pudiera tener el mes de agosto en el mismo. Precisamente, el supervisor ha comentado este martes que confía en tenerlo listo para finales de julio, justo después de que el grupo vallesano presente su plan estratégico con el que persuadir a los inversores de que respalden el proyecto del banco como grupo en solitario, previsto para el 24 de julio, pero antes de la celebración de la junta de accionistas del 6 de agosto. Ese día los inversores del Sabadell votarán si están de acuerdo con la venta de TSB al Banco Santander y el reparto de un ‘macrodividendo’ de 2.500 millones como consecuencia de esta desinversión.
En su notificación el BBVA calcula ahora que la OPA sobre Banco Sabadell aportará 300 M€ en sinergias, en comparación con los 850 millones que proyectaba la entidad antes de que el Gobierno se pronunciara sobre la operación. Así se concreta que de estos 300 millones, unos 100 millones corresponderían a fondos de capital.
Mientras, el resto procedería de gastos administrativos y de la plataforma tecnológica, así como de posibles acuerdos comerciales que incluyan algún tipo de descuento por el volumen de compras.
Entre ellas, destaca que en los tres próximos años ambas entidades tendrán que mantener su personalidad jurídica y su patrimonio separados así como la autonomía en la gestión de su actividad. También deberán cumplir con el mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia.
Estos criterios son: garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial, protección de los trabajadores, cohesión territorial, objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible, y promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.
A pesar de las restricciones impuestas, BBVA se ha mostrado decidido a continuar con la operación. Además, esta semana, la entidad vasca ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto actualizado de la operación que recoge las condiciones impuestas por el Gobierno.
Ahora, el regulador espera poder aprobar el documento antes de finales de julio. Un visto bueno con el que se dará pie a que comience el periodo de aceptación de la OPA.
