La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado irregularidades en los movimientos económicos del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Así lo han confirmado los agentes al juez instructor del Supremo, en un informe técnico al que ha tenido acceso El Debate, donde han hecho constar que hay un descuadre evidente entre los que Ábalos percibió como diputado – 751.421,57 € según Hacienda– y lo que aparece reflejado en sus cuentas –79.841,74 €–, en algunas de las cuales se reflejan intercambios con su hijo, también incluido en esta parte de las pesquisas, que no quedan claras para los investigadores.
Además, en el patrimonio del que fuera secretario de organización del PSOE, constan una serie de donaciones suyas al partido de las que, mientras la Agencia Tributaria (AET) asegura que ascendieron a 44.000 euros, en los bancos rastreados solo aparecen localizados unos 8.400 euros.
Por este motivo, el magistrado Puente ha dictado una diligencia de ordenación para recabar información detallada tanto al Congreso de los Diputados, como al Partido Socialista, para aclarar todas las transferencias emitidas y recibidas, cuentas de origen y destino, y justificar esas diferencias contables que han hecho saltar las alarmas de la UCO.
También, a través de varios mandamientos judiciales, el juez Puente ha solicitado tanto a Hacienda (AEAT) como a la Seguridad Social (TGSS) que aporten certificados actualizados con toda la información fiscal y laboral de las personas físicas y jurídicas (empresas), vinculadas a los contratos públicos investigados en la trama de las ‘mordidas’ de las que, presuntamente, pudo participar Ábalos y que salpican a entidades como Acciona, Ferrovial, varias UTEs de éstas con empresas locales –como Servinabar en Navarra o Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), de José Ruz– y algunas de las fundaciones ligadas a la red corrupta, como Fiadelso, de la que es titular el propio Ábalos.
Cabe recordar que fue el pasado 4 de febrero de este mismo año cuando el instructor de la causa encargaba a la UCO la elaboración de un informe patrimonial detallado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, así como de su hijo Víctor, conforme resultase de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos registrados a su nombre; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.
