Sánchez lleva semanas apoyándose en el expresidente como “hombre para todo”, según cuentan fuentes del Gobierno a Servimedia, para sacar adelante la legislatura tras el encarcelamiento del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y estas mismas fuentes aseguran que la negociación está “avanzada, que no cerrada”, sin querer desvelar ningún detalle más.
Zapatero se vio cerca de Zúrich el pasado 29 de junio con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Puigdemont para abordar cuestiones pendientes de las negociaciones que mantiene el Gobierno con esta formación, una reunión a la que también acudieron en representación de Junts Turull y Nogueras.
Este fue el primer encuentro de estas características desde la imputación de Santos Cerdán, hasta ahora negociador con Junts. Por su parte, Zapatero trasladó a Puigdemont que quiere mantener en nombre del PSOE un diálogo positivo para atraerles hacia las políticas progresistas que defiende el Gobierno de Sánchez y seguir avanzando juntos. Con ese ánimo comenzó la reunión.
Fuentes conocedoras también señalan que ambos avanzaron respecto al apoyo de Junts a los Presupuestos de 2026 y volvieron a emplazarse a seguir hablando sobre este asunto a finales de este mes.
Y ya puesto en su papel de “hombre para todo”, Zapatero también medió en este encuentro para que Junts apruebe la llamada ‘Ley Bolaños’, la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ha llevado a jueces y fiscales a manifestarse con una huelga durante tres días seguidos y un paro convocado de forma inédita ante el Tribunal Supremo.
Fuentes de la formación independentista desvelaron a Servimedia la existencia de un informe de más de 20 páginas que realizó el entorno de Puigdemont para reforzar el ‘no’ a la iniciativa del ministro de Justicia. Fuentes conocedoras de este encuentro aseguran que no sé entró en muchos detalles sobre este aspecto. Sin embargo, Puigdemont mantuvo posteriormente una reunión con su núcleo más cercano donde sí se expusieron con claridad las exigencias del partido sobre esta medida ante futuros encuentros. Así, se puso sobre la mesa el cumplimiento de una treintena de enmiendas como condición ‘sine qua non’ para garantizar su apoyo. Entre ellas, figura la creación del ‘Consell de Justicia de Catalunya (CJC)’, que pretende asumir buena parte de las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convirtiéndose en el órgano de gobierno de los jueces en esta comunidad.
Este texto, que Junts ya presentó en el Congreso, define a este Consell “como órgano de gobierno del poder judicial de Cataluña, actuando como órgano desconcentrado del CGPJ, de conformidad con los artículos 98 a 100 del Estatuto de Autonomía de Cataluña”. Asimismo, señala que «las atribuciones del CJC respecto a los órganos jurisdiccionales situados en el territorio” catalán pasarán, entre otras, por “designar el presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y también designar los presidentes de la sala de dicho Tribunal Superior y los presidentes de las audiencias provinciales”.
También, “nombrar y cesar los jueces y magistrados incorporados a la carrera judicial temporalmente con funciones de asistencia, apoyo o sustitución”, así como “determinar la adscripción de estos jueces y magistrados a los órganos judiciales que requieren medidas de refuerzo”, según las enmiendas planteadas. Así, fuentes conocedoras desvelan a Servimedia que esta negociación sí que estaría más avanzada que la de los Presupuestos y que desde el Gobierno ya se habrían aceptado “algunas enmiendas” para obtener el voto favorable de Junts, sin especificar cuáles.
Sobre la mesa también se pusieron otros asuntos pendientes, como permitir el catalán como lengua cooficial en la Unión Europea, una pelea que leva librando el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, desde hace casi dos años. El último episodio terminó en la paralización de esta votación en la UE después de que varios países, como Finlandia, Suecia, Austria y Croacia, expresaran sus dudas legales y financieras. La iniciativa del Ejecutivo español, pactada con Junts hace dos años, necesitaba la unanimidad de los Veintisiete para salir adelante.
Fuentes de Junts aseguran estar “contentos” con el trabajo de Albares porque saben que no ha dejado de mover este asunto en el ámbito europeo y, recientemente, desde Exteriores, también apuntan que ya se han resuelto las dudas que expresaron estos países sobre la medida.
Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez recibió un nuevo jarro de agua fría esta semana respecto a este asunto, ya que la presidencia del Consejo de la UE decidió este jueves no llevar a votación la iniciativa en el próximo Consejo de Asuntos Generales del 18 de julio, tal y como pidió Moncloa. De esta forma, los Estados miembros sólo discutirán sobre la iniciativa presentada por el Gobierno de España y no prevén tomar ninguna decisión definitiva. Sin embargo, la agenda del Consejo de Asuntos Generales incluye un asterisco en el apartado de la discusión sobre el catalán y añade que España podría pedir que se votara. Desde Exteriores tan sólo avanzan que “seguimos trabajando en esta iniciativa para que salga adelante”, por lo que si consiguen de aquí al 18 de julio los apoyos necesarios, el Gobierno planteará su votación.
El Gobierno busca seguir cumpliendo lo pactado con Junts y da a entender que “existe un diálogo de fondo con Junts” que no se refiere al día a día de la legislatura, que no se ciñe a esta o aquella votación en el Congreso de los Diputados, que va más allá de lo coyuntural, y que busca una solución de fondo a la cuestión de Cataluña.
