La Comisión se ha expresado así en la vista que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía pone en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea, en un caso que afecta a 35 exaltos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidente catalanes Puigdemont y Mas.
En este sentido, el abogado de la Comisión ha afirmado que no existe «un vínculo suficientemente directo entre las ilegalidades en cuestión (la financiación del procés) y los recursos propios de la Unión».
No obstante, Bruselas ha dicho que corresponde al Tribunal de Cuentas determinar si se han desviado fondos europeos para financiar el procés, y ha asegurado que el plazo de dos meses que la amnistía da a los jueces para aplicar la norma «podría impedir» que «se lleve a cabo este examen»
Por contra, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Martín-Granizo, ha dicho que el plazo de dos meses permite que el Tribunal de Cuentas pueda comprobar este asunto «sin ningún problema», una opinión que también ha defendido la Abogacía del Estado y los abogados de los demandados.
Para la abogacía del estado y el ministerio fiscal no hay indicios de que el procés haya comprometido fondos europeos, que es una de las cuestiones trasladadas al TJUE por el Tribunal de Cuentas. Una interpretación que comparte el abogado de la Comisión Europea, que tampoco encuentra vínculos entre las actividades ilegales que buscan la secesión con la vulneración de los recursos propios de la Unión Europea.
En este contexto a nadie le ha extrañado que Boye, abogado de Puigdemont haya aprovechado los argumentos de ambas instituciones ante la Corte para señalar que están alineadas «con nosotros». «Vamos de la mano», ha insistido el letrado de los separatistas catalanes de Junts.
Como era previsible, Boye ha empleado su turno de intervención sobre la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal de Cuentas -a instancia de la denuncia impulsada por Sociedad Civil Catalana contra el borrado penal de la malversación del procés- para reivindicar la compatibilidad de la norma con el ordenamiento comunitario. «La ley orgánica de amnistía no es una amenaza para Europa, es una promesa hecha ley», aseguraba durante su comparecencia. «Viene a reparar heridas y superar fracturas, no a borrar delitos. Su fin es la reconciliación», ha continuado el letrado de Puigdemont quien, al mismo tiempo ha negado que se trate de un texto redactado por sus beneficiarios directos porque «no abarca a ningún diputado del Congreso» y, además, «incluye» entre sus destinatarios a «los policías que ejercieron la represión con los que pusieron las urnas» el 1 de octubre de 2017.
«Esta ley cierra causas abiertas en un conflicto que enfrenta a dos pueblos» y, por eso, «no gusta a los que viven mejor en el conflicto y del conflicto», ha añadido Boye, frente al alegato del representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca, para el que la norma «no parece que responda a un interés general», sino a la investidura del presidente del Gobierno.
Es más, «las autoamnistías son contrarias a los principios del Estado de Derecho, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», añadía Urraca en línea con las conclusiones recogidas en el dictamen dictado por la Comisión de Venecia, sobre la ley española.
El siempre peculiar abogado de Carles Puigdemont ha tenido que ser interpelado, en varias ocasiones, por el presidente del TJUE, Lenaerts, para que redujese la velocidad de su discurso, pensando en los traductores. «Lo sé, lo sé, pero es que soy hiperactivo», se excusó Boye.
Precisamente, Lenaerts quien, al término del tiempo correspondiente al abogado de los separatistas, antes de dar el turno de palabra al siguiente letrado, comentaba en un perfecto español: «Creo que queda poco por decir». Una reflexión en voz alta que provocó una sonora carcajada general en la sala de prensa anexa a la Gran Sala.
