En un mensaje en sus redes sociales, Feijóo dijo lo siguiente: “Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte”.
“Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue”, afirmó, en referencia en la primera parte de la frase a la reacción del Gobierno y el PSOE a algunos sumarios por corrupción que afectan a algunos de sus miembros o su entorno.
Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona como presunto responsable de una compleja trama destinada a beneficiar ilegalmente a varias empresas del sector gasista. La investigación, bajo secreto durante siete años, apunta a que esta presunta actividad delictiva se habría realizado desde el Ministerio y con el apoyo de altos cargos de Hacienda.
Según el juez, se habrían impulsado modificaciones legislativas y fiscales a favor de compañías clientas del despacho Equipo Económico, fundado por él mismo antes de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre las empresas beneficiadas figuran Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, que habrían realizado pagos que sumarían hasta 800.000 euros entre 2011 y 2019.
El auto conocido esta semana imputa a Montoro y a otros 27 responsables, y recoge la posible comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El juez sostiene que la denominada «red de influencias» permitió a las compañías participar en la redacción de leyes y normativas, garantizándose así ventajas fiscales y regulatorias que les reportaron cuantiosos beneficios. Según la instrucción, la fórmula ideada incluía la canalización de presuntas comisiones ilegales a través de contratos y facturas simuladas por servicios de asesoría o consultoría concedidos por el despacho Equipo Económico, beneficiando económicamente tanto al bufete como a sus clientes.
Montoro, que ha solicitado la baja del PP tras conocerse la imputación, se ha defendido negando cualquier vínculo con el despacho desde 2008 y atribuyendo la causa a una supuesta persecución política motivada por su paso por el Ministerio.
