«Nosotros vamos a seguir intentándolo hasta que lo consigamos», ha afirmado Montero, que está «convencida» de que es algo que se acabará logrando. «Quizás no hoy, pero otro día», ha dicho Montero sin conocer aún el resultado de la reunión de ministros de la UE que aborda este asunto y en la que varios ministros europeos han dejado claro a su llegada a este encuentro que es prematuro tomar una decisión porque persisten «muchas dudas» sobre el impacto legal, práctico y financiero que tal medida tendría para el conjunto de la Unión Europea.
Montero ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando con los países que están mostrando resistencias al reconocimiento de la oficialidad de estas lenguas y lograr la unanimidad necesaria para aprobarlo.
Y es que, el resultado de la nueva intentona no puede ser mas deprimente, ya que el Gobierno de España ha vuelto a posponer la votación de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en el Consejo de Asuntos Generales de la UE de este viernes, ante la falta de apoyos entre los Veintisiete. Dado que, para ser aprobada, necesita que no haya un solo voto en contra.
En efecto, antes de que comenzase este encuentro de los ministros de Asuntos Generales de los Veintisiete, Polonia y Dinamarca habían vuelto a subrayar que siguen existiendo “muchas dudas” sobre las implicaciones de esta medida. Hasta el momento, ninguna lengua que no sea oficial en todo el territorio de un país europeo ha conseguido este reconocimiento. La última lengua minoritaria en conseguir este estatus fue el gaélico, que es oficial en todo la isla de Irlanda. Los representantes de Austria y Luxemburgo también se habían expresado en términos parecidos sobre los interrogantes que les suscita esta medida.
Concretamente, los expertos legales del Consejo aseguran que los Tratados europeos no fueron redactados originariamente en ninguna de estas lenguas cooficiales, aunque posteriormente España los ha traducido en virtud a un artículo del Tratado de Lisboa. Esto hace que el reconocimiento del catalán, el gallego y el euskera sea contrario a los tratados europeos. La delegación española, sin embargo, mantiene que el criterio de los servicios jurídicos no es vinculante y que la última palabra corresponde al Tribunal de Justicia de la UE. En cuanto al gasto, España se ha comprometido a pagar esta factura de manera íntegra pero varios países dudan de que esta promesa se pueda mantener si se produce un cambio de Gobierno.
La primera vez que España solicitó este reconocimiento fue en septiembre de 2023, precisamente cuando nuestro país ostentaba la presidencia europea. El Gobierno decidió impulsar esta iniciativa, ya que fue una de las condiciones impuestas por el líder independentista Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Desde entonces, no se han producido apenas progresos aunque ésta ha sido la séptima vez que este tema ha sido tratado en el Consejo de Asuntos Generales.
