Un informe de 220 páginas remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja concluye que no se emitieron avisos entre las 16.15 y las 18.43 horas, mientras la rambla del Poyo experimentaba un ascenso «exponencial» del caudal.
Según la documentación, el sistema SAIH registró la superación del primer umbral a las 16.15 horas, del segundo a las 17.00 y del tercero a las 17.25. Sin embargo, no se envió ninguna alerta hasta las 18.43, cuando se remitió un único correo a la Delegación del Gobierno y al Centro de Emergencias de la Generalitat indicando que «la crecida estaba siendo muy rápida». Para entonces, el caudal alcanzaba los 1.686,8 metros cúbicos por segundo, una cifra «extraordinaria» según el informe.
El documento destaca que los avisos del SAIH no son automáticos, sino que requieren validación manual por parte de técnicos de la CHJ, lo que agrava la omisión. «Cabría preguntar a los responsables de la CHJ cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos durante la tarde del 29 de octubre», señala la Guardia Civil, que apunta a una «aparente ausencia de control sobre el dispositivo de registro del Poyo, justo en el peor momento». Aunque el Centro de Coordinación de Emergencias contaba con información de Aemet y con las llamadas ciudadanas al 112, la Benemérita considera que los datos oficiales sobre caudales eran fundamentales para gestionar la crisis y adoptar decisiones en tiempo real.
El informe analiza también las llamadas al 112, que muestran que la alarma social llegó mucho antes que los avisos institucionales. En Requena, la primera alerta se registró a las 12.30; en Utiel, a las 14.10; y en Turís, a las 16.30. En Paiporta, epicentro de la tragedia, la primera llamada por el Poyo se produjo a las 18.32, apenas once minutos antes del correo de la CHJ. Ese municipio contabilizó 162 llamadas al 112, de las cuales 130 fueron solicitudes de rescate. En Catarroja la primera alerta llegó a las 18:56 y en Picanya a las 19.12. Pese a ello, el mensaje masivo del Es-Alert no se envió hasta las 20.11 horas, cuando la catástrofe ya era inevitable.
Los investigadores subrayan que estas llamadas ofrecían «una visión global de la magnitud de la emergencia» y revelaban que la situación era «grave y de carácter extraordinario», aunque la CHJ no emitiera alertas en tiempo real. Además, recuerdan que, aguas abajo del punto controlado por el SAIH, confluyen otros barrancos que aportaron un volumen adicional de agua hacia zonas urbanas como Torrent, lo que agravó el riesgo.
El informe dedica un capítulo a la dimensión humana de la tragedia: 228 fallecidos, de los cuales 192 se registraron en municipios atravesados por el Poyo. Solo en Paiporta murieron 46 personas; en Catarroja, 21; en la pedanía de La Torre (València), 16; en Alfafar, 14; en Sedaví, 12; y en Massanassa y Picanya, 11 cada uno. Torrent y Benetússer contabilizaron diez víctimas por localidad. El resto de muertes se distribuyó en otras cuencas: 15 en el Magro, diez en la Albufera y ocho en el Turia, además de tres desaparecidos que han sido dados por muertos legalmente.
Para la Guardia Civil, la falta de alertas de la CHJ en las primeras horas «dificultó la gestión de la emergencia y agravó las consecuencias». El informe advierte de que, aunque existían otros canales de información —medios de comunicación, llamadas al 112, avisos internos entre agencias—, los datos oficiales sobre caudales eran «esenciales para coordinar una respuesta eficaz». «El vacío de información se produjo en el peor momento posible», concluyen los investigadores, que describen el 29 de octubre como un episodio marcado por la falta de comunicación y la ausencia de control sobre el sistema encargado de vigilar uno de los puntos más críticos de la red hidrográfica valenciana.
