Este decreto, pide también la imputación del empresario Javier Pérez Dolset y del periodista Pere Rusiñol y contiene lo investigado por la Fiscalía al respecto de estos supuestos intentos de soborno, de los que los propios fiscales alertaron a sus superiores.
El escrito, del 17 de julio, fue enviado al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que ya investiga a Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por sus supuestas maniobras para influir en procesos judiciales y la ha citado a declarar el próximo 11 de noviembre.
Al conocer la investigación del juez, la Fiscalía le remitió sus pesquisas respecto a los supuestos intentos de soborno, aunque este magistrado ha rechazado incorporarlas a la causa, lo que la Fiscalía ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Grinda, fiscal Anticorrupción, denunció en febrero haber recibido por parte de un periodista, Pere Rusiñol, un escrito, atribuido a las «más altas instituciones o personas del Estado» y en el que se le ofrecía un destino en el extranjero y ser resarcido de una demanda civil a cambio de promover el archivo de siete investigaciones y dar información comprometedora sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
El fiscal Stampa, por su parte, se reunió con Díez y Pérez Dolset el 7 de mayo, pensando que le iban a transmitir disculpas de instancias del Gobierno por el trato recibido en su última etapa en Anticorrupción.
A este fiscal le pidieron «información sobre investigaciones sensibles de la Fiscalía» e información sobre supuestas irregularidades de funcionarios públicos ofreciéndole a cambio satisfacer los recursos que presentó al no lograr plaza fija en Anticorrupción. A través de una dación de cuentas, Stampa informó de esta reunión, que tiene grabada, a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, el pasado 3 de junio.
La Fiscalía envió toda esta información al juez Zamarriego y ante su negativa a incorporarla a la investigación ya en curso será la Audiencia Provincial de Madrid la que decida si finalmente se unen ambas investigaciones en el mismo juzgado.
La denuncias judiciales contra Díez se iniciaron tras la publicación de una grabación en la que la exmilitante mantenía una reunión acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, actualmente abogado defensor de Santos Cerdán, con el empresario huido de la Justicia Alejandro Hamlyn para obtener información sobre el responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Zamarriego imputó a Leire Díez tras una denuncia de Hazte Oír, que sostenía que la exmilitante recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas. Sobre este juzgado recayó además otra denuncia interpuesta por Hazte Oír en Badajoz para determinar si Díez intentó maniobrar contra la juez instructora de la causa abierta a David Sánchez.
Contra Leire Díez hay otras causas abiertas ante denuncias dos asociaciones de guardias civiles, la AEGSC y la AUGG, y de Iustitia Europa, que buscan determinar si hubo tráfico de influencias y cohecho en el intento de «socavar» a la Guardia Civil
