Provocada, según el órgano fiscalizador, por la falta de iniciativa y de voluntad del Ejecutivo para trabajar al unísono con las comunidades autónomas y centralizar algunos contratos, en busca de «una mayor eficiencia y economía en la utilización de los recursos», como ocurre «en otros ámbitos». Pero.Transición Ecológica no solo hizo caso omiso al Tribunal de Cuentas y a su recomendación, sino que le envió un informe con alegaciones en el que dejaba claro que no iba a cambiar su modelo. Fruto de esa discrepancia, el pasado mes de diciembre el Tribunal de Cuentas elevó un documento a las Cortes dejando constancia del incumplimiento, que llamó «nota de actualización de la fiscalización sobre actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y extinción de incendios forestales». Documento que la Comisión Mixta parlamentaria para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó en febrero (puede leerlo aquí).
El informe del órgano que preside Chicano criticaba que el Gobierno y las comunidades autónomas contraten cada uno por su lado con la empresa estatal Tragsa para sumar medios humanos, terrestres y aéreos a la lucha contra los incendios «sin que existan mecanismos de coordinación en la preparación de esos encargos», generando duplicidades y gastos innecesarios. Amén de conflictos como el que actualmente mantiene el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso con los 500 brigadistas forestales de Tragsa que prestan servicio en la Comunidad de Madrid: están en huelga desde el 15 de julio (aunque la paralizaron temporalmente el pasado viernes) para reclamar mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Cuando, en realidad, la ventanilla a la que deben llamar es la del Gobierno central: Tragsa está participada en un 51 % por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El informe del Tribunal de Cuentas ponía el ejemplo de que, solo entre 2021 y 2022, las comunidades, diputaciones y cabildos insulares firmaron 242 contratos con Tragsa relacionados con la prevención o con la extinción de incendios, por importe total de 248.388.373 euros. «De ellos, hay 82 con un importe superior a 500.000 euros, en los que la mayor parte de las actuaciones que se encargan son análogas a las promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica», lamenta.
Tragsa está presente en el combate contra el fuego en toda España a través de las Brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF) y de los Equipos de Planificación y Análisis de Incendios Forestales (EPAIF). El personal destinado a labores de extinción y prevención no permanece estable todo el año, sino que depende de si la temporada de incendios es alta o baja.
La recomendación que el órgano fiscalizador remitió al departamento ministerial que ahora dirige Sara Aagesen fue, textualmente: «Se estima preciso, con la finalidad de incrementar la eficiencia y el ahorro, valorar la posibilidad de promover, de acuerdo con las comunidades autónomas, la agrupación en un único encargo a Tragsa del conjunto de medios de extinción de incendios, estatales y autonómicos, asumiendo cada Administración la proporción de coste que le correspondiese».
El Ministerio respondió a los autores del informe que no iba a hacer tal cosa. «Un único encargo en este caso no implicaría un incremento de eficiencia y ahorro», según el departamento gubernamental. Los argumentos de Transición Ecológica fueron: que también firma licitaciones con empresas privadas, no solo con Tragsa; que, además, en los contratos para la lucha contra los incendios también intervienen el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior; y que «apenas hay analogías» entre los encargos de las comunidades, diputaciones y cabildos, por un lado, y las del Gobierno, por el otro. Pero no remitió al Tribunal de Cuentas ningún dato que lo avalara, como este último denunció en el documento enviado a las Cortes: «No consta, sin embargo, ningún documento ni actuación al respecto, al margen de las comunicaciones dirigidas (por el Ministerio) en el curso de la fiscalización».
Y concluía el órgano fiscalizador: «El Tribunal no comparte las apreciaciones del Ministerio para la Transición Ecológica. A este respecto, al igual que se ha explorado en otros ámbitos de gestión (adhesión a acuerdos marco en materia de contratación, por ejemplo), se proponía que la Administración General del Estado pudiera estudiar agrupar las necesidades análogas que se encargan a TRAGSA SME MP, principalmente de medios terrestres (humanos y técnicos) para tareas de prevención y extinción de incendios, de tal suerte que existiese una estimación de las necesidades del Ministerio y de las comunidades que se adhiriesen con unas condiciones, favoreciendo, en su caso, el aprovechamiento de economías de escala y coadyuvando también a una mejora en la planificación de las necesidades de TRAGSA SME MP ya que cada encargo precisa la tramitación de un expediente independiente, con su consiguiente carga administrativa. Todo ello sin que ello implicase renunciar a la posibilidad de contratar con empresas del sector privado los servicios de apoyo que se consideren necesarios, decisión propia de cada Administración Pública en el marco de las respectivas competencias y, por supuesto, sin perjuicio de la función que desempeñan el Ministerio de Defensa, a través de la Unidad Militar de Emergencias y el Ejército del Aire y del Espacio y el Ministerio del Interior, a través de la Guardia Civil».
