La propia empresa explica en su último informe anual que el 17 de febrero de 2022 recibió la comunicación de inicio de actuaciones de comprobación e inspección por parte de la Agencia Tributaria de carácter general sobre el Impuesto de Sociedades entre 2017 y 2019 y el IVA y retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos del trabajo y de no residentes entre enero de 2018 y diciembre de 2019.
Tras el periodo de diligencias, a finales de 2023 se incoaron así las correspondientes actas en disconformidad sobre el Impuesto de Sociedades y las Retenciones a Cuenta de No Residentes (IRNR), que incluían una propuesta de regularización. Huawei presentó entonces las correspondientes alegaciones a la Agencia Tributaria, pero en abril de 2024 se determinó un pago total de 22,78 millones, a los que hay que sumar 1,89 millones de euros más en concepto de intereses. Como consecuencia de ello Huawei España entró el año pasado en números rojos, según admite la propia empresa, que pasó de ganar 21,4 millones de euros en 2023 a perder más de 4 millones en el último ejercicio. «Aunque en 2024 mantuvimos resultados operativos similares a los de años anteriores, el resultado final se ha visto afectado por la regularización fiscal correspondiente a otros ejercicios», explica un portavoz de la empresa china.
La cifra de negocios de la compañía ha pasado en tan solo dos años de los 1.135 millones de euros en 2022 a únicamente 646 millones en 2024, lo que supone un descenso del 43%. El gran desafío al que se enfrenta Huawei, sin embargo, va mucho más allá de nuestras fronteras. Y es que la tecnológica está vetada en Estados Unidos por espionaje, mientras que la Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a restringir o excluir a la compañía de sus redes 5G, evitando así riesgos de seguridad. «Representa un riesgo mucho mayor que otros proveedores de infraestructuras móviles», insistía ya el pasado mes de julio un portavoz de Bruselas. Es algo que en España, en cualquier caso, parece que no se está haciendo.
