Fuentes parlamentarias señalan que los grupos tendrán que pronunciarse la próxima semana sobre las enmiendas a la totalidad que presentaron Junts, PP y Vox en el mes de junio y que amenazan con tumbar la iniciativa que recoge el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Trabajo con CCOO y UGT -que no contó con la firma de las patronales CEOE y Cepyme, que se oponen a esta imposición legal-.
El País ha adelantado la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados en la reunión de este martes unas horas antes de que Illa, y el líder de Junts Puigdemont se citen en Bruselas precisamente para abordar, entre otros temas, su posición sobre esta iniciativa legislativa. En el mes de julio fuentes de la formación independentista atribuyeron exclusivamente al Gobierno la decisión de posponer el debate e incidieron en que mantenían su posición inicial y su enmienda. Un gesto que fue agradecido por los empresarios de Foment del Treball con una publicación en X (antes Twitter).
Desde Trabajo se comenta que «el Gobierno ya ha hecho su trabajo. La ciudadanía ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo. Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario» responde ahora el departamento de Trabajo, que confía en poder salvar el debate a la totalidad. Si los catalanes mantienen su posición actual el texto sería devuelto al Consejo de Ministros, de donde salió en el mes de mayo. El Gobierno tendría así la posibilidad de reformar la iniciativa para incluir estas demandas y que llegue a la Cámara Baja con el terreno allanado, si bien, para entonces ya se habrían incumplido los plazos recogidos en el acuerdo de coalición con el PSOE y lo prometido a los representantes de los trabajadores, su aplicación a partir del 31 de diciembre.
