No fue hasta febrero de este año -tras 13 meses de negociaciones- cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la reducción de la jornada, que posteriormente fue enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación. Sin embargo, no se ha vuelto a saber nada desde entonces, pues el Gobierno todavía no tiene el apoyo parlamentario necesario para conseguir sacar adelante dicha medida. El principal escollo sigue siendo el Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya, que no se baja del carro de la negativa a aprobar dicha medida social, que coincide con los intereses de la patronal catalana.
Pero Partido Popular y Vox, junto a UPN han forzado en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja que el Pleno afronte la semana que viene la primera votación de la Legislatura: la reducción de la jornada laboral, una de las grandes banderas del Gobierno. Todo ello, sin que el Ejecutivo cuente con los apoyos necesarios para que esta salga adelante.
El Ejecutivo sufrió el primer gran susto el pasado mes de julio, cuando en el último momento tuvieron que retirar el proyecto de ley ante el temor de que el Congreso tumbase la norma. Desde entonces, es conocido que Moncloa y Trabajo han mantenido conversaciones y negociaciones con los de Puigdemont, aunque todo parece seguir igual.
Y es que los esfuerzos del Ejecutivo no han sido pocos, pues desde el principio de la Legislatura la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Díaz, se ha reunido directamente con el independentista prófugo de la Justicia en Bruselas para tratar esta cuestión.
