En una providencia, Puente asegura no apreciar «indicio alguno de mínima consistencia que permita atribuir la pretendida filtración a cualquiera de los miembros de la unidad policial». En todo caso, añade que el ex secretario de Organización del PSOE es «muy libre» de denunciar los hechos en los juzgados ordinarios.
El instructor rechaza las quejas de Ábalos, que el ex alto cargo socialista atribuye a filtraciones de la Guardia Civil y que según el extitular de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez responden a una campaña de «linchamiento mediático». Por este motivo, instó al juez del alto tribunal a identificar a los agentes que participaron en el volcado de esos dispositivos y a expurgar los archivos incautados de imágenes correspondientes a su vida íntima ajenas al objeto de la investigación por supuestos amaños de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.
En ese escrito, Puente reprocha al exministro que «sin explicación complementaria alguna» atribuya a la UCO la publicación de informaciones sobre su vida privada procedentes de dispositivos que, según apunta el propio Ábalos, «le fueron intervenidos en el registro domiciliario de su vivienda».
Puente, sin embargo, le replica que «ninguna de las informaciones o archivos referidos se han incluido en ninguno de los informes presentados en esta causa especial por la Policía judicial, como no se alude tampoco en ellos a ningún otro extremo relativo a hechos ajenos al objeto de este procedimiento».
Y deja claro que «el modo en que dichas informaciones hubieran podido llegar a conocimiento del medio de comunicación que las difunde, por más que en el mismo se afirme que proceden de fuentes próximas a la investigación, es desconocido para este instructor».
El instructor del «caso Koldo» recuerda a Ábalos que la procedencia de esas filtraciones puede ser variada, pues varios investigados han «reconocido» en diversas entrevistas que algunas de las informaciones publicadas «lo han sido con su aquiescencia». «Y no puede ignorarse tampoco», añade, que «existe constancia» de la posible existencia de grabaciones del material intervenido, pues el exministro admitió «que el disco duro que trató, por intermedio de una señora, de ocultar en el registro domiciliario que le fue practicado, no era sustancialmente sino copia de otro que se encontraba también en el domicilio».
Así las cosas, señala que ignora «cuántas copias de los referidos documentos o archivos pudieran existir y en poder de quién pudieran encontrarse», puesto que también Koldo García, exasesor de Ábalos, guardaba en su domicilio «documentos y archivos que, al parecer, corresponden al Sr. Ábalos tal y como este último ha afirmado».
El instructor admite que será necesario expurgar esos archivos de datos ajenos a la investigación, aunque ve imprescindible «tomar primero conocimiento del completo contenido de la ingente información obtenida en los múltiples soportes digitales que resultaron incorporados a esta causa».
