En un auto, el juez ordena que se dé traslado a la Fiscalía para que en cinco días «informe sobre el tipo de fianza y cuantía que sería exigible para tener por admitida la querella», que «se proceda por el LAJ a verificar el poder acompañado por la querella para comprobar si concurren los requisitos exigidos en la LECRIM», y que «verificado lo anterior, dese traslado a SSª para resolver sobre la admisión a trámite de la querella, la imposición de fianza y diligencias a practicar».
En la querella, presentada por Hazte Oír, se recoge que Cerdán «en fecha 30 de abril de 2024» compareció «en el Senado ante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19» y que «mintió a sabiendas y de forma reiterada en múltiples cuestiones relacionadas con el objeto de investigación de la Comisión, todo ello con el objetivo de entorpecer significativamente la reconstrucción de lo acontecido».
«Lo primero que señaló Santos Cerdán es que se enteró de que Koldo (García) estaba siendo investigado a través de los medios de comunicación. Es decir, en febrero de 2024, que es cuando fue detenido y la situación paso a ser conocida por todos. En este mismo contexto, también señaló de forma terminante que a partir de dicho momento no había vuelto siquiera a hablar con él. Y que de forma previa, es decir entre 2021 y 2023, sus contactos habían sido mínimos, habiendo hablado ‘dos o tres veces’ (…) El informe de la UCO ha desvelado grabaciones de una reunión presencial entre Koldo y Santos Cerdán, reunión que tenía por objeto conseguir la adjudicación de dos obras. En este contexto, ya hablan sobre el hecho de que Koldo está siendo investigado por las cuestiones relativas al suministro de mascarillas, algo que demuestra que es absolutamente falso que Santos Cerdán no tuviese apenas relación con él entre 2021 y 2023», añade la querella, a la que también ha podido acceder este diario.
Así las cosas, el artículo 502.3 del Código Penal manifiesta que «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses»; situación en la que podría haber incurrido el exdirigente socialista –hoy en prisión provisional por su presunta participación en el cobro de adjudicaciones de obras públicas– durante su declaración en la Cámara Alta.
