Tampoco podrá rechazar la petición cautelarísima del líder independentista dejar sin efecto la orden de prisión vigente contra él y tramitar esa solicitud, de forma cautelar, sin la urgencia que reclamó en julio la defensa de Puigdemont.
Y es que el movimiento del político catalán impide ahora al Pleno tomar decisiones con los magistrados recusados en su seno. Antes, deberá pronunciarse sobre esas recusaciones, para lo que según las fuentes consultadas se designará a un ponente que será el encargado de someter su decisión al respecto a sus compañeros. Todo para evitar que la admisión y la valoración de la suspensión de su orden de detención y prisión queden contaminadas por la participación de los jueces cuestionados.
Dado que ninguno de los tres magistrados a los que Puigdemont quiere apartar de las deliberaciones tiene intención de abstenerse, la tramitación del amparo del expresidente de la Generalitat se demorará previsiblemente varias semanas. Pero, en todo caso, aunque las recusaciones prosperasen finalmente, la iniciativa no alteraría la mayoría progresista del tribunal, puesto que los tres jueces se encuadran en el bloque conservador (si todos ellos son apartados, la diferencia entre ambas sensibilidades se agrandaría todavía más al situarse en un 7-2 frente al habitual 7-5).
En el bloque conservador, no obstante, ha llamado la atención, a la vista de los argumentos expuestos por la defensa de Puigdemont en sus recusaciones, que el líder independentista no haya pedido también apartar al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, quien se pronunció en contra de la amnistía en los expedientes que culminaron con la concesión del indulto a los condenados por el «procés».
En el caso de Macías, a quien el abogado del líder soberanista, Gonzalo Boye, reprocha sus pronunciamientos públicos «en contra de los intereses» de Puigdemont y su amistad con el juez Llarena, el exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya fue apartado de los recursos contra la Ley de Amnistía (por haber firmado un informe, como vocal del consejo, en contra de la polémica ley). Además, la Abogacía del Estado también le ha recusado en otros recursos de amparo, por lo que se espera que respalde al expresident en su pretensión de dejar fuera del debate sobre su amparo a Macías, pese a que en este caso no se decide sobre la constitucionalidad de la ley, sino sobre la negativa del Tribunal Supremo a aplicársela a Puigdemont (por lo que el TC ha de valorar únicamente si se han vulnerado sus derechos fundamentales).
En el escrito recusando a Espejel, Arnaldo y Macías la defensa de Puigdemont asegura que carecen «manifiestamente de la imprescindible imparcialidad» para decidir sobre su demanda de amparo. Y es que considera que han «prejuzgado» diversas cuestiones sobre las que ahora deben pronunciarse. A Arnaldo y Espejel les atribuye, además, una «estrecha relación con el Partido Popular».
