El administrador de infraestructuras de la red ferroviaria española ha tenido que paralizar el proceso de contratación de la vigilancia de las instalaciones debido a un recurso interpuesto por Comisiones Obreras (CC.OO.) a los pliegos del contrato. El sindicato impugnó el pasado día 4 de julio esta contratación por valor de 266 millones debido a que uno de los puntos de los pliegos de la licitación incumplía, para esta organización, el Estatuto de los Trabajadores.
En concreto, con la redacción del texto, Adif quería reservarse el derecho de exigir al contratista sustituir a alguno de sus empleados «que por razones justificadas, no crean oportuno que continúen prestando los trabajos, debiendo atender el contratista las indicaciones en un máximo de 24 horas». Para CC.OO, «forzar al contratista a separar a un empleado en ese tiempo sin justificación legal puede suponer un despido improcedente o nulo, con consiguientes responsabilidades para la compañía».
Esta reclamación hizo que se suspendiera el procedimiento el 8 de julio, pero el día 17, sin una resolución del Tribunal Administrativo, Adif levantó dicha suspensión hasta justo después del fin del plazo de presentación de ofertas. El 24 de julio a las 13 horas fue la fecha límite de las compañías para acudir al contrato, y la paralización se produjo después, a las 14:39 horas. Según fuentes cercanas al proceso, Adif ha recibido, a pesar de estar suspendido actualmente el contrato, las ofertas de las entidades privadas. Lo que aún desconocen tanto las compañías de seguridad como la propia Adif es cuándo se resolverá, puesto que depende de la valoración del tribunal.
Todo ello en un momento delicado para Adif. La compañía lleva todo el verano con varios incidentes en sus instalaciones, ya sea por razones propiamente ajenas –como los numerosos incendios que han asolado la península– como por fallos en la red o incluso robos, como el que se vivió el pasado mes de mayo en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
Este hecho fue el que precisamente abrió el debate de reforzar estas medidas de seguridad destinando un mayor presupuesto, pero, si nada cambia, tendrá una financiación similar al establecido entre 2022 y 2024, que actualmente se encuentra prorrogado al no haber podido formalizar este último.
