La última etapa de La Vuelta Ciclista a España 2025 tenía previsto concluir con su paso por Madrid, pero las protestas en favor de Palestina y en contra del genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza cambiaron los planes de la competición, después de que decenas de miles de manifestantes lograsen interrumpir la circulación en varias zonas clave del recorrido.
Para ello, los asistentes derribaron vallas y saltaron a la zona del recorrido, obligando así a paralizar la competición después de que el dispositivo de seguridad quedase desbordado, pese a ser el más extenso desplegado en la capital desde la acogida de la Cumbre de la OTAN en 2022.
Por este motivo, y ante el caos generado en un evento deportivo de repercusión internacional, los sindicatos policiales se han pronunciado para culpar al delegado del Gobierno en Madrid de una «falta de previsión», motivo por el que exigen su dimisión inmediata por no haber estado «a la altura» de la situación.
Los sindicatos policiales JUPOL, UFP, CEP y SUP, todos ellos mayoritarios en la Policía Nacional, han pedido hoy la dimisión «inmediata» del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras los incidentes ocurridos en el final de La Vuelta, que se saldaron con dos detenidos y 22 agentes heridos.
Denuncian la «inacción del Gobierno» ante un operativo que consideran «insuficiente» por «conveniencia política». Además, SUP apunta a que se le prohibió a los agentes utilizar material antidisturbios desde el principio, poniendo en riesgo a «miles de personas» y a los propios agentes.
Todo ello mientras, desde UFP le señalan como el «máximo responsable político» del dispositivo de seguridad que dejó 22 policías heridos como consecuencia de anteponer «la ideología a la seguridad, las personas y la Policía». «Ni un minuto más en el cargo, la Policía podría haber garantizado la seguridad del evento. El delegado de Gobierno de Madrid no ha estado a la altura. Los radicales han estado al mando», argumentan desde el sindicato.
Por su parte, los sindicatos hacen extensiva la exigencia de dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los que acusan de «alentar y blanquear las protestas» y de «poner en riesgo a ciclistas, ciudadanos y policías».
