La Constitución establece en el artículo 23.2 que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, y en el artículo 103, que para llegar a ser funcionario deben regir los principios de mérito y capacidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha dictado dos fallos, de febrero y junio de 2024, que instan a España a hacer fijos a los interinos y trabajadores públicos que hayan encadenado contratos temporales de forma abusiva.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza la postura de la justicia europea y establece que la necesidad de cumplir con los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito para acceder a la función pública.