Este notable retroceso en su actividad tiene su origen en la sustancial caída del 22% en sus ingresos, hasta 270,1 millones de euros.
Asimismo, la compañía ha teñido de rojo su resultado de explotación al anotarse un ajuste negativo de 40 millones de euros fruto del acuerdo para finalizar el procedimiento judicial abierto en Los Ángeles, que encargó a Talgo la modernización de 74 vagones de su red de Metro y en 2023 canceló el contrato por los retrasos acumulados, lo que dio lugar a demandas cruzadas.
Esta situación, junto a los altos costes financieros que está afrontando por la incertidumbre que se ciñe sobre la empresa y sus dificultades para financiarse, han situado el ebitda en -16,5 millones, frente al resultado positivo de 28,6 millones del año anterior. El fabricante español también ha confirmado que sigue en conversaciones con su cliente alemán Deutsche Bahn (DB) para reducir de 79 a 60 los trenes del ‘megapedido’ encargado en 2020 y ampliado en 2023. «Las dos partes esperan formalizar este nuevo alcance en los próximos meses mediante un acuerdo integral (Settlement Agreement) que se encuentra en negociación en este momento», expresan en un comunicado.
En consecuencia, ha contabilizado un ajuste de 37,5 millones de euros como reducción de ingresos asociados a este proceso en sus cuentas. Excluyendo estos dos aspectos, Talgo hubiera situado su ebitda en positivo, en el entorno de los 23,4 millones de euros, aún así inferior al año previo.
El nuevo acuerdo con DB incluiría un nuevo acuerdo de mantenimiento y la reprogramación de las entregas de trenes ICE L, del mismo modelo (Talgo 230) que los encargados durante el primer semestre por la operadora también germana Flixtrain, que adquirirá 30 trenes y encargará su mantenimiento durante 15 años. Este último encargo ha elevado la cartera de la compañía a un récord histórico de 4.967 millones de euros, cifra que, en caso de que Flix ejerza la opción que tiene sobre otros 35 trenes, crecería hasta los 7.000 millones.
Talgo continúa pendiente de que se formalice la entrada del consorcio vasco formado por Sidenor, el fondo público Finkatuz y las fundaciones bancarias BBK y Vital, que se harán con el 29,8% del capital aún en manos del fondo británico Trilantic a cambio de unos 153 millones de euros.
Asimismo, tiene pendiente la aprobación en la próxima junta de accionistas de la ampliación de capital que convertirá al Estado español en accionista a través de la SEPI, acompañado del fondo público-privado vasco Ekarpen, cada uno aportando 75 millones de euros. Desde la compañía también han revelado que está trabajando en reforzar su patrimonio con una nueva estructura de financiación cubierta por CESCE por valor de 650 millones de euros; una línea de crédito de 120 millones y avales por valor de 500 millones, también cubiertos por la reaseguradora de créditos participada por el Estado. La compañía espera formalizar estas operaciones antes de fin de año.
