El estado del bienestar en España se enfrenta a un encarecimiento progresivo debido al envejecimiento de la población. Con una sociedad cada vez más longeva, el gasto en el sistema sanitario, en dependencia y, sobre todo, en pensiones no deja de aumentar. Los expertos calculan que en los próximos 25 años, el desembolso vinculado a este fenómeno demográfico crecerá el equivalente a 4 puntos del PIB, sin que por ahora se haya definido una fórmula clara para financiarlo.
La presión demográfica es evidente: si hoy uno de cada cinco españoles ya tiene más de 65 años, las proyecciones indican que dentro de un cuarto de siglo la proporción será de uno de cada tres. Este cambio, unido a la caída de la ratio de trabajadores activos por cada jubilado, pone en jaque la sostenibilidad del sistema actual. Ante este escenario, Vega, profesor de economía de Comillas ICADE, advierte de la necesidad de tomar medidas cuanto antes. Según el experto, «siempre es mejor empezar a actuar hoy con ajustes graduales, mejor eso a esperar y verse forzado a aplicar reajustes mucho más drásticos en el futuro».
Vega subraya que «la generosidad actual tiene un coste futuro» y pone el foco en la tasa de sustitución de las pensiones en España. Este indicador, que mide qué porcentaje del último salario se mantiene en la pensión de jubilación, es de las más altas de la OCDE, cercana al 80 % frente a una media del 56 % en los países del entorno.
En la práctica, esto significa que un trabajador que ganaba 1.000 euros antes de jubilarse cobra en España una pensión de unos 800 euros, mientras que en el resto de Europa la media se situaría en torno a la mitad de ese salario. A este desafío hay que añadir los costes de la sanidad y la dependencia, que en conjunto suman otro tercio del gasto total ligado al envejecimiento.
