De hecho, se espera que no sea el único decreto ley que el Ejecutivo intente sacar adelante antes de la cita en las urnas.
El Consejo de Ministros tiene entre sus planes sacar adelante mañana una batería de medidas a propuesta del Ministerio de la Seguridad Social entre las que se encuentran la mejora a la protección a la incapacidad por patologías asociadas a la menopausia o para las víctimas de violencia de género. En ambos casos, la prestación será equivalente al 60% de la base reguladora hasta el vigésimo día de baja y aumentará al 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario correspondiente al primer día, mientras que la Seguridad Social asumirá el pago de la prestación desde el día siguiente.
El decreto, adelantado por El País, refuerza la protección de los huérfanos por violencia de género. Así, las prestaciones contributivas contarán con una cuantía mínima equivalente a dos veces el SMI, mientras que las no contributivas podrán alcanzar también ese umbral, con el propósito de elevar la cobertura económica de los menores que pierden a sus madres como consecuencia de la violencia machista.
La norma también modificará las condiciones de la prestación destinada a los progenitores que deben reducir su jornada laboral para cuidar de menores con cáncer u otras enfermedades graves. A partir de la entrada en vigor de la norma, que deberá ser convalidado en el plazo de un mes por la Diputación Permanente del Congreso, ambos padres podrán percibir la ayuda de forma alternativa o simultánea. Además, en los casos de mayor vulnerabilidad, la prestación podrá prolongarse más allá de los 26 años cuando la persona afectada tenga reconocida una situación de dependencia de grado III o presente una discapacidad especialmente elevada.
Otra de las medidas busca facilitar el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho. La existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de la pareja a efectos de acceder a esta prestación, un requisito cuya aplicación estaba generando dificultades. Asimismo, el decreto permitirá revisar durante los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas, con el objetivo de que puedan beneficiarse del cambio quienes no obtuvieron el reconocimiento de la pensión bajo los criterios anteriores.
El paquete incluye también una mejora de las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas. Ninguna de estas prestaciones podrá quedar por debajo del equivalente a dos salarios mínimos interprofesionales (SMI), lo que sitúa el umbral en 2.442 euros mensuales, según las cifras recogidas en la información. Esta cantidad supone un incremento del 36% respecto al mínimo anterior, que había quedado desfasado.
El Gobierno elevará también la protección de los menores que no reciben la pensión alimenticia que les corresponde cuando uno de sus progenitores incumple sus obligaciones. Para ello, triplicará la cuantía máxima de los anticipos del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, que pasará de 100 a 300 euros por beneficiario, y ampliará también su duración. La medida pretende reforzar el respaldo económico a las familias afectadas por el impago de estas obligaciones.
Por otra parte, Sánchez, ha avanzado además de que la cita interministerial de mañana aprobará una dotación de 45 millones de euros para financiar siete proyectos de residencias en universidades públicas. Esta partida permitirá crear, en una primera fase, cerca de 2.000 nuevas plazas en todo el país con el objetivo de mitigar las dificultades de acceso a la vivienda para los estudiantes que deben desplazarse de su lugar de origen.
La asignación de fondos coincide con la aprobación del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que actualiza la regulación vigente desde 2010. La medida canaliza recursos públicos directos hacia la oferta de alojamiento para aliviar los costes habitacionales que afronta la comunidad educativa.
